El Congreso de los Diputados de España aprobó este miércoles una resolución no vinculante en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a respaldar expresamente el denominado Acuerdo de Liberación, una iniciativa promovida por organizaciones cubanas que propone una transición democrática, pacífica y ordenada en Cuba.
La propuesta salió adelante con los votos favorables del Partido Popular (PP), VOX y Junts per Catalunya. El texto solicita al Ejecutivo español liderar, junto a otros actores internacionales comprometidos con los valores democráticos, una estrategia diplomática alineada con los principios recogidos en dicho acuerdo.
La resolución también plantea reforzar el apoyo político, diplomático y material a organizaciones de la sociedad civil cubana, defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos, medios de comunicación independientes y grupos que documentan denuncias de represión. Asimismo, pide garantizar que la cooperación española no contribuya directa ni indirectamente al sostenimiento de estructuras vinculadas al aparato estatal cubano.
El documento reitera la condena a la existencia de presos políticos y de conciencia en Cuba, así como a las acciones represivas denunciadas contra activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, artistas, estudiantes, líderes religiosos y ciudadanos críticos con el Gobierno cubano.
Durante el debate parlamentario, la diputada del Partido Popular, Belén Hoyo Juliá, defendió la iniciativa y afirmó que la situación de Cuba requiere una respuesta centrada en la defensa de los derechos y las libertades fundamentales. También sostuvo que la soberanía corresponde a los ciudadanos cubanos y no a las estructuras políticas del país.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) votó en contra de la resolución. La diputada Rafaela Romero Pozo argumentó que el texto presentaba una visión parcial e incompleta de la realidad cubana y rechazó las acusaciones de que el Gobierno español mantenga una postura complaciente hacia regímenes autoritarios.
Por su parte, el diputado Enrique Santiago, representante de Sumar, también se opuso a la iniciativa. Durante su intervención, atribuyó buena parte de la crisis económica y social de Cuba al impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y cuestionó que las autoridades cubanas sean señaladas como las únicas responsables de la situación que atraviesa la Isla.
La resolución aprobada por el Congreso no tiene carácter vinculante, por lo que no obliga al Gobierno español a adoptar las medidas propuestas. Sin embargo, constituye una declaración política de la Cámara Baja sobre la situación de Cuba y sobre el papel que España podría desempeñar en relación con los procesos democráticos y la defensa de los derechos humanos en la Isla.
Fuentes: Diario de Cuba
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