Un juez federal de Boston anuló la tarifa de 100.000 dólares establecida por la administración de Donald Trump para las solicitudes de visas H-1B, un programa fundamental para la contratación de profesionales extranjeros altamente calificados en Estados Unidos. La decisión judicial considera que la medida excedía las facultades del Poder Ejecutivo al funcionar, en la práctica, como un impuesto no autorizado por el Congreso. El fallo representa un importante revés para una de las políticas migratorias más restrictivas impulsadas durante el segundo mandato de Trump y reabre el debate sobre los límites legales de la autoridad presidencial en materia migratoria y económica.
Una corte federal de Estados Unidos anuló este lunes la tarifa de 100.000 dólares que la administración del presidente Donald Trump había impuesto a las empresas interesadas en contratar trabajadores extranjeros mediante el programa de visas H-1B, uno de los mecanismos más utilizados para incorporar profesionales especializados en sectores estratégicos de la economía estadounidense.
La decisión fue emitida por el juez federal Leo Sorokin, quien concluyó que la medida adoptada por la Casa Blanca en septiembre de 2025 violaba principios legales fundamentales al imponer una carga económica que excedía las competencias del Ejecutivo.
En su resolución, el magistrado determinó que el incremento de la tarifa, que pasó de un rango aproximado de entre 2.000 y 5.000 dólares a más de 100.000 dólares por solicitud, tenía características propias de un impuesto. Bajo el sistema constitucional estadounidense, recordó el tribunal, la creación de impuestos corresponde al Congreso y no al presidente.
La política había sido presentada por la administración Trump como una herramienta para proteger el empleo nacional y limitar el uso de mano de obra extranjera en sectores donde, según el gobierno, las empresas podían estar desplazando a trabajadores estadounidenses. Sin embargo, la medida provocó una fuerte reacción de universidades, hospitales, empresas tecnológicas y gobiernos estatales que dependen de la contratación de profesionales extranjeros.
Una coalición de fiscales generales de varios estados presentó demandas argumentando que la tarifa hacía prácticamente imposible la contratación de médicos, investigadores, profesores universitarios e ingenieros especializados. Diversas organizaciones empresariales advirtieron además que la medida podía afectar la competitividad de Estados Unidos en áreas clave como la tecnología, la innovación científica y la atención médica.
Los datos disponibles muestran que el impacto fue inmediato. El elevado costo redujo drásticamente el número de solicitudes presentadas bajo el programa H-1B, utilizado históricamente para atraer talento internacional, especialmente en áreas de alta demanda laboral.
Aunque la decisión judicial representa una victoria para empresas, universidades y trabajadores extranjeros, el caso aún no está cerrado. La Casa Blanca anunció que apelará el fallo y defendió la legalidad de la medida, argumentando que el presidente posee amplias facultades para regular la entrada de extranjeros al país.
Mientras continúan las disputas legales en diferentes tribunales federales, el fallo de Boston supone un importante precedente sobre los límites de las políticas migratorias impulsadas por el Ejecutivo y podría influir en futuras decisiones relacionadas con la contratación de talento internacional en Estados Unidos.
Fuentes: npr
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