La exprisionera política del 11 de julio de 2021, Yunaykis Linares Rodríguez, continúa detenida en la Unidad Policial de El Capri, en La Habana, más de tres días después de su arresto, sin que las autoridades hayan informado oficialmente sobre cargos en su contra ni sobre su situación legal.
La denuncia fue realizada por la activista Anamely Ramos González, quien aseguró en redes sociales que la detención de Linares se mantiene sin fundamento legal conocido y calificó el procedimiento como arbitrario.
Linares fue arrestada la noche del 2 de junio durante una protesta vecinal ocurrida en el barrio de Santa Amalia, en Arroyo Naranjo, donde residentes manifestaban su inconformidad por los prolongados apagones que afectan a la capital cubana y otras regiones del país.
Según denuncias divulgadas por familiares y activistas, la joven habría sufrido agresiones físicas durante el arresto. Desde el propio centro de detención, Linares aseguró en un video que fue golpeada, sometida a actos de asfixia durante el traslado y privada de agua y atención médica tras su ingreso en la unidad policial.
El caso también fue visibilizado por el artista Arián Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet, quien afirmó que los hechos ocurrieron en presencia de menores de edad y denunció además agresiones contra familiares de la detenida.
La historia de Linares está estrechamente vinculada a las protestas nacionales del 11 de julio de 2021. Con apenas 24 años fue arrestada y posteriormente condenada a ocho años de prisión por delitos asociados a aquellas manifestaciones. La Fiscalía había solicitado inicialmente una sanción de 17 años.
Tras cumplir más de tres años de condena en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, obtuvo la libertad condicional en enero de 2025. Durante su estancia en prisión denunció amenazas, maltratos y condiciones difíciles de reclusión.
Su nueva detención se produce en un contexto marcado por las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la vigilancia y presión ejercidas contra personas excarceladas por causas políticas. Diversos grupos independientes han documentado casos de antiguos manifestantes del 11J que han sido nuevamente arrestados o devueltos a prisión tras recuperar la libertad.
En Cuba, la libertad condicional mantiene a los beneficiarios bajo supervisión estatal y puede ser revocada si las autoridades consideran que han incumplido las condiciones impuestas, una situación que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran un mecanismo de control sobre antiguos presos políticos.
La situación de Linares ocurre además en medio de un escenario de creciente tensión social provocado por los apagones prolongados, la escasez de productos básicos y el deterioro de las condiciones de vida en el país. Mientras tanto, familiares, activistas y organizaciones independientes continúan reclamando información sobre su estado y exigen que se esclarezcan las circunstancias de su detención.
Fuentes: CiberCuba