El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios, mandos militares y organismos de inteligencia vinculados al régimen cubano, en medio del endurecimiento de la política de presión de Washington hacia La Habana.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, actualizó su lista de sancionados incluyendo a varios ministros, dirigentes políticos y entidades consideradas claves dentro de la estructura represiva y de seguridad del régimen.
Entre los funcionarios sancionados aparecen Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones; Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba.
También fue sancionado Oscar Alejandro Callejas Valcarce, junto a altos mandos militares y responsables de los servicios de contrainteligencia del país.
Además de los individuos, la OFAC incluyó en la lista negra a varias entidades vinculadas al aparato de seguridad cubano, entre ellas la Dirección de Inteligencia, conocida como G2; el Ministerio del Interior de Cuba y la Policía Nacional Revolucionaria.
Las sanciones implican el bloqueo de propiedades e intereses financieros que estas personas o entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense. Asimismo, prohíben cualquier tipo de relación económica o comercial con ciudadanos o empresas de Estados Unidos, salvo autorización específica del Departamento del Tesoro.
La medida forma parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que en los últimos meses ha intensificado las restricciones económicas y políticas contra el gobierno cubano.
Cuba atraviesa actualmente una de las peores crisis económicas y energéticas de las últimas décadas, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de combustible y un creciente deterioro social.
Desde enero, Washington también ha endurecido las restricciones relacionadas con el suministro petrolero hacia la isla, situación que ha agravado aún más los problemas eléctricos y de transporte dentro del país.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas sanciones buscan responsabilizar a figuras vinculadas al aparato político y represivo del régimen cubano, mientras que el gobierno de La Habana acusa a Washington de intentar asfixiar económicamente a la isla mediante medidas coercitivas.
Fuente: Clarín
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