El 2 de enero de 2025 se registró en Cuba el primer feminicidio del año, según informaron organizaciones independientes que documentan la violencia de género en el país. La víctima, Elizabeth (Lisi) Ramírez Fernández, de alrededor de 30 años, fue asesinada en su hogar, ubicado en Cacocum, Holguín, por su expareja, quien ya había sido denunciado formalmente ante la policía por agresiones a finales de diciembre de 2024.
Lisi vivía con su hijo menor de edad y sus abuelos maternos, quienes dependían de ella, y ahora enfrentan una pérdida irreparable. El asesinato, que podría haberse evitado con una intervención adecuada de las autoridades, pone nuevamente en evidencia la falta de acción efectiva y la ausencia de un enfoque de género por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Las organizaciones independientes Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC) han emitido un comunicado expresando su repudio a la negligencia policial en este caso. “La muerte de Lisi pudo evitarse incluso con los limitados procedimientos actuales y sin enfoque de género de la PNR”, señalaron en su declaración, subrayando el impacto de la inacción de las autoridades.
Este feminicidio, el primero registrado oficialmente por organizaciones independientes en 2025, es un recordatorio sombrío de la persistente crisis de violencia de género en Cuba. En 2024, OGAT y YSTCC verificaron 55 feminicidios, una cifra alarmante para un país donde este delito no está tipificado en el Código Penal vigente, pese a los constantes reclamos de colectivos feministas y activistas por los derechos de las mujeres.
El feminicidio de Lisi Ramírez ocurre en un contexto de violencia generalizada en la isla, que en los últimos años ha experimentado un aumento en robos, asesinatos y peleas callejeras. Esta situación refleja una sociedad marcada por la inseguridad y la falta de protección para las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Lamentablemente, la ausencia de políticas públicas efectivas y la falta de compromiso de las instituciones para abordar la violencia de género agravan el problema. Casos como el de Lisi evidencian la urgencia de implementar medidas que garanticen la protección de las víctimas y la prevención de crímenes machistas.