El empresario Elon Musk y el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy se encargarán de un nuevo proyecto de "eficiencia gubernamental" promovido por Donald Trump, con el objetivo de optimizar los recursos de la administración federal. La función de ambos será externa, sin ocupar cargos en el gobierno, y deberán concluir su trabajo antes del 4 de julio de 2026, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Trump, al anunciar la iniciativa, explicó que el objetivo es revisar el presupuesto federal, que estima en 6.5 billones de dólares anuales, buscando reducir gastos innecesarios y simplificar la burocracia. Este esfuerzo fue descrito por el mandatario como "el Proyecto Manhattan de nuestra era" en referencia a su magnitud, y tiene como inspiración la Comisión Grace de 1982, encargada por Ronald Reagan, que identificó posibles ahorros en el gasto público de hasta 424 mil millones de dólares en tres años.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) es un equipo consultivo independiente que brindará recomendaciones a la Casa Blanca y a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). Musk y Ramaswamy trabajarán para reducir regulaciones, eliminar duplicidades administrativas y modernizar procesos gubernamentales, promoviendo un "enfoque empresarial" en la administración federal.
Ramaswamy, conocido por sus ideas de reducción de agencias federales, como el FBI y el IRS, comparte la visión de Musk sobre la necesidad de una menor intervención del gobierno en la economía y menos restricciones regulatorias. Ambos coinciden en que esta revisión puede ser positiva tanto para la economía nacional como para el espíritu de emprendimiento en Estados Unidos.
La decisión de asignar a Musk esta tarea como consultor externo se debe a sus intereses empresariales y contratos gubernamentales significativos. SpaceX, una de sus empresas, trabaja estrechamente con NASA y el Departamento de Defensa y ha recibido miles de millones en contratos federales. Estos vínculos, junto a investigaciones en curso sobre temas como la contaminación de sus plataformas de lanzamiento y la seguridad de los vehículos de Tesla, serían un obstáculo para un rol oficial dentro del gobierno.
Además, el control sobre el gasto público recae en el Congreso, lo que implica que cualquier recomendación de Musk y Ramaswamy necesitará respaldo legislativo. A pesar de que los republicanos recuperaron el Senado y mantienen la Cámara de Representantes, las reformas necesitarán la aprobación de legisladores que tradicionalmente defienden fondos dirigidos a sus distritos.
Algunos críticos señalan que el propio Musk ha expresado inconformidad con las normativas vigentes, como las reglas ambientales en sus proyectos de SpaceX en Texas. Esta postura ha generado dudas sobre si un empresario tan vinculado a contratos federales puede brindar una asesoría imparcial. Ramaswamy, por su parte, argumenta que reducir la burocracia no solo es positivo para la economía, sino que representa un retorno a los valores de los "Padres Fundadores", quienes nunca imaginaron la enorme estructura administrativa actual.
La reducción de dos billones de dólares en el presupuesto federal, como propuso Musk durante la campaña, es una tarea ambiciosa que enfrenta múltiples desafíos, desde obstáculos administrativos hasta potenciales reacciones políticas. Aunque los detalles del plan aún no se han especificado, esta iniciativa buscará áreas donde el gasto podría ser optimizado sin afectar funciones esenciales del gobierno.
Aún no está claro qué agencias o sectores se verán afectados, y si los posibles recortes se centrarán en ciertas áreas o implicarán una reestructuración a gran escala. No obstante, Trump y su equipo confían en que esta asesoría externa marcará una diferencia, resaltando que los detalles específicos se irán anunciando a medida que avance el proyecto.
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