Un ciudadano cubano de unos 40 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue sentenciado en Uruguay a seis años y ocho meses de prisión por múltiples delitos, incluyendo abuso sexual agravado, violencia doméstica, lesiones personales y tráfico de municiones. Una vez que cumpla su condena, será deportado a Cuba, según las disposiciones legales vigentes en el país sudamericano.
El acusado vivió en Uruguay durante cinco años, periodo en el que estableció un patrón de manipulación utilizando redes sociales para contactar a sus víctimas. Según la fiscal Sandra Fleitas, quien lideró la investigación en Ciudad de la Costa, el hombre se presentaba como un trabajador honesto, desempeñándose como mecánico y vendedor de autos, para ganar la confianza de mujeres en localidades como Las Piedras, Pando y Ciudad de la Costa.
Tras entablar relaciones sentimentales con sus víctimas y convivir con ellas, el acusado perpetraba actos de violencia y abuso, desencadenando denuncias que llevaron a su captura.
El caso comenzó en enero de 2023, cuando una de las víctimas se presentó ante la fiscalía para denunciar los abusos sufridos. Su testimonio impulsó una investigación más amplia, en la que se identificaron otras dos mujeres que habían sido víctimas del mismo individuo.
El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado, un mecanismo que exige que el acusado acepte su responsabilidad en los hechos imputados. Esto permitió agilizar la sentencia y brindar justicia a las víctimas de manera más rápida.
Además de los delitos de abuso sexual y violencia doméstica, el hombre fue condenado por tráfico de municiones, un cargo que resultó clave para aplicar su futura expulsión, según la Ley 18.250, artículo 47. Esta normativa establece la deportación de extranjeros condenados por delitos graves, especialmente en casos de reincidencia.
Aunque la expulsión suele ser utilizada en delitos relacionados con el narcotráfico, el tráfico de municiones cometido por el acusado fue suficiente para justificar la medida. Una vez cumplida la condena, será un juez de ejecución quien confirme la orden de deportación y gestione su regreso a Cuba.
La condena y la futura expulsión del acusado marcan un precedente en el tratamiento de delitos graves cometidos por extranjeros en Uruguay. Las autoridades esperan que estas medidas no solo hagan justicia en este caso, sino que también sirvan como advertencia para prevenir futuros actos similares.
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