La reciente revelación de más de 1,900 ilegalidades en el sector ganadero y aproximadamente 6,800 en el uso, tenencia y posesión de la tierra en Pinar del Río pone de relieve la profunda incompetencia del Estado cubano para gestionar estas áreas críticas.
Según datos recientes, estas cifras alarmantes han sido descubiertas durante un ejercicio de control iniciado en marzo. Lázara Caridad García Plasencia, jefa de Departamento de Genética y Registro Pecuario en la Delegación de Agricultura de Vueltabajo, reporta que las principales irregularidades incluyen faltantes de animales, nacimientos no declarados y registros incorrectos de propietarios fallecidos que aún figuran como dueños de ganado. Estas deficiencias señalan una clara falta de supervisión y control efectivo por parte de las autoridades competentes.
García Plasencia destaca que Pinar del Río, con solo 18 inspectores de control pecuario para más de 21,700 productores, enfrenta serias limitaciones estructurales. Esta disparidad revela la imposibilidad práctica de alcanzar una supervisión exhaustiva y efectiva del sector ganadero, lo que perpetúa un ambiente propenso a las ilegalidades y el incumplimiento normativo.
En el ámbito del uso de la tierra, más de 9,600 visitas han identificado una alarmante cantidad de 4,000 construcciones ilegales. Esta situación refleja una falta de aplicación de la ley y regulaciones pertinentes, exacerbando la inseguridad jurídica y el uso inapropiado de los recursos agrícolas.
El ejercicio en curso, programado hasta el 30 de septiembre, busca obtener datos precisos sobre la realidad agrícola cubana. Sin embargo, García Plasencia reconoce discrepancias significativas entre los registros oficiales y la situación práctica en el terreno, especialmente en cuanto a la cantidad real de ganado y la utilización efectiva de la tierra. Estas discrepancias minan la capacidad del Estado para planificar y gestionar eficazmente políticas relacionadas con la soberanía alimentaria y la seguridad agrícola.
Esta crítica situación refleja cómo la incompetencia estatal ha exacerbado los problemas en estos sectores clave, comprometiendo el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria en Pinar del Río y, potencialmente, en todo el país.
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