Panamá ha anunciado el cierre de tres pasos cruciales utilizados por los migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién, una región que marca la frontera con Colombia y es utilizada diariamente por miles de migrantes en su ruta hacia Estados Unidos.
Esta decisión, anunciada este miércoles, tiene como objetivo ejercer un mayor control sobre esta ruta irregular, según informaron las autoridades panameñas.
Según un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la medida busca “canalizar la migración irregular” hacia Bajo Chiquito, el primer pueblo al que llegan los migrantes tras atravesar la selva. Los pasos cerrados están ubicados en la costa del Pacífico y el Caribe, donde también se ha incrementado la vigilancia costera e interdicción marítima. Además, se han reforzado los pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti, bloqueado con barreras perimetrales.
Esta semana, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, firmó un acuerdo durante su visita a Panamá para la investidura del nuevo mandatario, José Raúl Mulino.
“La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”, dijo Mayorkas.
El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Panamá promueve la colaboración en la gestión de la migración, incluido el apoyo a operaciones de repatriación seguras y efectivas de panameños, y la evaluación de protección. El programa de vuelos de expulsión es parte del enfoque regional integral para abordar la migración irregular, según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
El lunes, Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, aclaró que las deportaciones se aplicarán “sin tener en cuenta la nacionalidad” de los migrantes y que se revisará “rigurosamente a las personas en riesgo de persecución o tortura” que no puedan regresar a su país.
“Estados Unidos ha asignado 6 millones de dólares en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto. Esta inversión destaca nuestro compromiso de asegurar una gestión segura, ordenada y humana, con una fuerte aplicación de la ley”, puntualizó.
Según cifras del Servicio Nacional de Migración, unos 195 mil migrantes han sido interceptados este año en Panamá, lo que refleja la magnitud del desafío migratorio que enfrenta el país y la región.
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