En un contundente pronunciamiento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado al régimen cubano por una serie de graves violaciones al debido proceso contra los presos políticos detenidos en relación con las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en la isla.
Seis mandatos de la ONU han emitido una carta directa al gobierno de Miguel Díaz-Canel, resaltando siete puntos críticos que invalidan todos los procesos penales llevados a cabo contra más de 1.500 presos políticos en Cuba en los últimos tres años. Estas violaciones, meticulosamente documentadas, incluyen la privación de libertad sin una supervisión judicial adecuada, la ausencia de abogados independientes debido a la obligación legal de depender del Ministerio de Justicia y la clara dependencia de fiscales y jueces del poder político.
Además, se ha destacado la utilización exclusiva de peritos y testigos del Estado como fuente de acusación, lo cual socava gravemente la imparcialidad y la equidad procesal. Esta práctica, junto con la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales y la manipulación de los delitos imputados, ha generado una profunda preocupación en la comunidad internacional.
La ONG Prisoners Defenders ha desempeñado un papel fundamental en la recopilación de pruebas y en la denuncia de estas flagrantes violaciones. Basándose en la ley cubana, la organización ha presentado pruebas contundentes que demuestran la imposibilidad de registrar asociaciones independientes en el país, lo que pone de relieve el grave deterioro del estado de derecho en Cuba.
A pesar de haber dado al régimen cubano un plazo de 60 días para responder a estas acusaciones, no se ha recibido ninguna respuesta dentro del período establecido. Esta falta de cooperación y transparencia por parte del gobierno cubano solo intensifica las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en el país.
Este informe, que ha generado un amplio eco en la comunidad internacional, subraya la urgencia de abordar estas violaciones al debido proceso y de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos cubanos. La comunidad internacional, incluida la ONU, está atenta a la situación en Cuba y seguirá presionando para que se respeten los principios básicos de justicia y derechos humanos en el país.
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