La sentencia de cadena perpetua contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía de Cuba, fue ratificada por el Tribunal Supremo Popular (TPS), lo que también incluye una serie de sanciones accesorias, como el decomiso de dos propiedades de la familia. El fallo fue confirmado tras el rechazo de los recursos de apelación presentados por la defensa del exfuncionario.
En una entrevista con el periodista Mario J. Pentón, la hermana de Gil, María Victoria Gil, expresó su profunda preocupación por el impacto que la confiscación de estas propiedades tendría sobre su familia. Según explicó, al menos dos viviendas familiares estarían en riesgo de ser confiscadas, afectando a personas que no tienen relación alguna con los cargos imputados a Alejandro Gil.
Una de las propiedades se encuentra en el reparto Miramar, en el municipio Playa, donde el exministro vivía antes de su detención. En esta vivienda residen su esposa, Gina María González García, su hija Laura María Gil González, su yerno y una nieta pequeña. La segunda propiedad está en poder de una mujer de aproximadamente 90 años, que, según la familia, no tiene vínculo alguno con los hechos que originaron la condena, aunque su ubicación no fue revelada.
El exfuncionario fue condenado a cadena perpetua por una serie de delitos, que incluyen espionaje, cohecho, sustracción y daño de documentos oficiales, y violaciones de normativas sobre información clasificada. Además, fue sentenciado a 30 años de prisión por su implicación en delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal. En ambos casos, la confiscación de bienes fue dispuesta como sanción adicional.
Hasta el momento, Alejandro Gil permanece incomunicado, sin contacto con su familia desde el inicio del proceso judicial. Los allegados desconocen su estado físico y emocional, y aunque han realizado diversas solicitudes, continúa recluido en la prisión de Guanajay.
En una segunda entrevista, María Victoria Gil reconoció que su hermano formó parte del gobierno de alto nivel y disfrutó de los privilegios asociados a su cargo. Sin embargo, destacó que Alejandro Gil no cometió actos de corrupción y ha sido condenado injustamente. Según ella, su hermano se ha convertido en un chivo expiatorio de las políticas económicas fallidas del régimen, como el controvertido ordenamiento monetario, que fue aprobado por la cúpula gobernante.
“La única culpa de Alejandro Gil fue conocer demasiado y confiar en personas dentro del régimen, quienes hoy lo han condenado al silencio. Esto es un montaje”, afirmó María Victoria, visiblemente afectada. La familia no descarta llevar el caso a instancias internacionales, incluidas cortes europeas, y aseguró que continuará denunciando lo ocurrido. “Esto no termina aquí. Jugar así con la vida, la libertad y la dignidad de una persona no tiene perdón”, concluyó la hermana del exministro.
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