El Gobierno español ha adoptado una medida histórica mediante un real decreto que permitirá a cientos de miles de inmigrantes obtener permisos legales de residencia y trabajo, como paso previo para acceder a la ciudadanía española.
Esta iniciativa beneficiará a numerosos inmigrantes que ya residen en el país, y se prevé que la regularización entre en vigor de forma inmediata tras su aprobación en el Consejo de Ministros. El acuerdo ha sido alcanzado tras meses de negociaciones entre el Gobierno y el partido Podemos, y la regularización se aprobará por real decreto, lo que significa que no requerirá convalidación parlamentaria.
Según las estimaciones del Ejecutivo, la medida podría beneficiar inicialmente a 500.000 personas, aunque desde Podemos apuntan a que el número total de solicitantes podría superar el millón durante el período habilitado. Esta regularización también había sido solicitada por otras fuerzas políticas de izquierda y numerosos colectivos sociales que defienden los derechos de las personas migrantes.
Podrán solicitar la regularización aquellas personas que demuestren haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025. Además, será obligatorio no tener antecedentes penales relevantes y acreditar una estancia mínima de cinco meses en el país en el momento de la solicitud. La permanencia podrá justificarse con documentos como el padrón municipal, informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales o contratos de alquiler, entre otros justificantes de presencia continuada.
El plazo para presentar solicitudes se extenderá, según lo previsto, hasta el 30 de junio de 2026. Durante este tiempo, los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión administrativa quedarán suspendidos, incluyendo aquellos expedientes abiertos por trabajar sin autorización.
Una vez presentada la solicitud, se otorgará una autorización provisional de residencia, lo que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos, como la asistencia sanitaria. Si la resolución final es positiva, se concederá una autorización de residencia por un año. Al finalizar ese periodo, los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Aunque esta regularización no otorga directamente la ciudadanía española, sí permite acceder a una situación administrativa regular, lo que facilita el proceso para solicitar la nacionalidad en el futuro, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Esta propuesta ya había sido contemplada en una Iniciativa Legislativa Popular admitida a trámite en abril de 2024, aunque las negociaciones entre grupos políticos habían mantenido bloqueada la iniciativa durante más de un año. El antecedente más cercano se remonta a 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una regularización que benefició a más de 500.000 inmigrantes.
Con esta decisión, el Ejecutivo español opta por una vía directa para dar respuesta a una realidad social que afecta a cientos de miles de personas que viven y trabajan en España sin derechos plenos, permitiéndoles regularizar su situación y acceder a los beneficios de la sociedad española.
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