Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, pensadas como una demostración de fuerza del Gobierno de Donald Trump, han terminado convirtiéndose en una crisis política de gran alcance en pleno año electoral. La muerte del enfermero Alex Pretti y el asesinato previo de Renee Good, ambos ciudadanos estadounidenses, han cambiado el relato oficial de “orden y seguridad” por uno marcado por acusaciones de abuso de poder, protestas masivas y fracturas institucionales.
El despliegue federal en una ciudad gobernada por demócratas buscaba enviar un mensaje directo contra las llamadas “ciudades santuario”. Sin embargo, el efecto ha sido el contrario: vídeos grabados por ciudadanos contradicen la versión de la Casa Blanca, muestran un uso letal de la fuerza difícil de justificar y han provocado una fuerte caída en la popularidad del presidente, además de un conflicto abierto con las autoridades del estado de Minnesota.
El caso de Alex Pretti ha sido el detonante principal. El sábado, el enfermero de 37 años participaba en protestas contra las redadas cuando comenzó a grabar con su teléfono la actuación de los agentes. En las imágenes se le ve acercarse a una mujer que estaba siendo rociada con gas pimienta. Segundos después, varios agentes lo rodean, lo tiran al suelo y se escuchan múltiples disparos. Su cuerpo quedó tendido sobre la nieve mientras algunos agentes se alejaban del lugar.
Desde Washington se insistió en que Pretti representaba una amenaza y que los disparos fueron en defensa propia. Incluso el propio Trump intentó convertir el hecho en munición política, culpando a los demócratas del “caos”. Pero los vídeos, verificados por medios y agencias, muestran que Pretti tenía un teléfono en la mano y no un arma, debilitando gravemente la narrativa oficial.
Las autoridades estatales y locales han reaccionado con dureza. El gobernador de Minnesota pidió públicamente al presidente que retire a los agentes federales, mientras el jefe de la policía de Minneapolis declaró que no ha visto pruebas que respalden la versión de que Pretti estuviera armado. Además, un juez federal ordenó preservar todas las pruebas del operativo, ante denuncias de posibles violaciones constitucionales.
La crisis no se limita al caso Pretti. A principios de mes, Renee Good murió en circunstancias similares durante otra intervención del ICE, lo que ha profundizado la desconfianza hacia las agencias federales. En ese caso, el Departamento de Justicia incluso retiró su cooperación con la investigación estatal, provocando la renuncia de varios fiscales en señal de protesta.
En el Congreso, el impacto también es evidente. Los demócratas amenazan con bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional si no se introducen reformas profundas, lo que podría llevar a un cierre parcial del Gobierno. Pero lo más preocupante para Trump es que las críticas ya no vienen solo de la oposición: algunos legisladores republicanos han pedido investigaciones independientes y han cuestionado la continuidad del operativo para evitar más muertes de civiles.
Ante la presión, el presidente ha suavizado ligeramente su discurso, dejando abierta la posibilidad de retirar a los agentes, aunque sin comprometerse a plazos ni reconocer errores. Todo apunta a una maniobra para contener el daño sin abandonar una política clave de su agenda.
El problema para la Casa Blanca es claro: lo que debía ser una muestra de autoridad se ha transformado en un símbolo de exceso y descontrol. En un año decisivo, el foco ya no está en la inmigración ilegal, sino en el uso letal de la fuerza contra ciudadanos, un giro que amenaza con alejar a votantes moderados e independientes y convertir la estrategia migratoria de Trump en un serio riesgo político.
Fuente y foto: Global, HUFFPOST
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