El caso del niño ecuatoriano de 5 años detenido junto a su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sigue generando controversia nacional y movilizaciones en favor de su liberación, en medio de un intenso debate sobre las políticas migratorias y el trato hacia los menores en custodia federal.
Los representantes demócratas Joaquín Castro y Jasmine Crockett visitaron el miércoles al menor, identificado como Liam Conejo Ramos, y a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, donde permanecen bajo custodia. Castro difundió una imagen en la que se ve al niño descansando en los brazos de su padre y afirmó que el menor ha estado durmiendo con frecuencia, preguntando por su madre y compañeros de clase, y expresando su deseo de volver a la escuela.
El arresto de Liam y su padre, ocurrido el 20 de enero en Minnesota, fue parte de una operación más amplia de ICE en esa región. El caso se ha convertido en símbolo de la respuesta crítica a las acciones migratorias de la administración federal, especialmente entre demócratas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que han acusado a las autoridades de afectar de manera indebida a familias migrantes.
En paralelo, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno de Trump deportar o transferir al niño y a su padre mientras se tramita una impugnación legal de su detención, medida que da un respiro jurídico a la familia.
La visita de los legisladores coincidió con manifestaciones frente al centro de detención, donde activistas y comunidades locales exigieron la liberación del menor y denunciaron la política de detención de inmigrantes con hijos menores, argumentando que tales prácticas causan daño psicológico y social a familias enteras.
Organizaciones defensoras de derechos de migrantes advierten sobre el impacto emocional y físico que la detención prolongada puede tener en niños pequeños, y reclaman mayor transparencia y reformas estructurales en las políticas de inmigración.
El caso continúa bajo escrutinio público y judicial, y ha intensificado el debate nacional sobre la protección de menores migrantes y el equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos fundamentales.
Fuentes: Telemundo Noticias
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