El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CMW) manifestó su preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario cubano que presta servicios en Honduras bajo un acuerdo bilateral de cooperación con Cuba, y llamó a garantizar de forma efectiva la protección de sus derechos.
Las observaciones surgieron tras el examen del Segundo Informe Periódico de Honduras ante el CMW, realizado durante el 41º período de sesiones del Comité en Ginebra, entre el 8 y el 11 de diciembre. En ese contexto, el Comité incorporó a su análisis un informe alternativo sobre la contratación y las condiciones de trabajo de los médicos cubanos, al que tuvo acceso la prensa independiente.
Durante la sesión 619, el relator del Comité, Pablo Ceriani Cernadas, preguntó de manera directa si el Estado hondureño había adoptado medidas para asegurar que el personal sanitario cubano goce de los derechos reconocidos en la Convención y en las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), independientemente de que su presencia en el país derive de un acuerdo bilateral.
La delegación hondureña evitó responder de forma concreta a la pregunta. En su intervención, defendió el convenio de cooperación con La Habana como un acuerdo entre Estados soberanos y desestimó las críticas sobre su implementación. Zulmi Rivera, subsecretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, afirmó que los cuestionamientos carecen de fundamento específico.
En los últimos dos años, organizaciones no gubernamentales y el gremio médico hondureño han denunciado que el esquema de cooperación perjudica tanto a los profesionales cubanos como a los nacionales. Según esas denuncias, el Gobierno de Honduras paga más de 2.200 dólares por cada médico cubano, mientras que el profesional recibiría alrededor de 1.000 dólares, lo que ha generado señalamientos de posible explotación laboral y competencia desleal.
En sus observaciones finales, el CMW subrayó que los trabajadores sanitarios cubanos deben disfrutar plenamente de la igualdad de trato, protección frente a abusos, acceso a la justicia y salvaguardas contra la explotación. El Comité instó a Honduras a adoptar todas las medidas necesarias para que esos derechos sean reales y efectivos, recalcando que la obligación se extiende a todos los trabajadores migrantes, incluidos aquellos que llegan en el marco de acuerdos de cooperación bilateral.
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