Una fuerte polémica ha surgido en redes sociales tras la publicación del cantante Saúl Manuel en Facebook sobre un presunto abuso de autoridad cometido por inspectores estatales en la zona de Pedrera, Santiago de Cuba. Según el afectado, dueño de una pequeña cafetería, los funcionarios le impusieron una multa de 36,000 pesos por supuestamente poseer media caja de cigarros y una botella de ron destinados al consumo personal, lo que ha generado indignación entre usuarios y trabajadores por cuenta propia.
El denunciante asegura que los inspectores lo amenazaron y mostraron completa indiferencia ante su incapacidad de pagar la elevada sanción. Además, se acusa a estos funcionarios de consumir alcohol durante su horario laboral, un acto que refuerza la percepción de impunidad y abuso dentro de ciertos sectores del gobierno. Este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa las críticas al control estatal sobre la economía y la vulnerabilidad de los pequeños empresarios frente a medidas punitivas desproporcionadas.
El caso ocurre en un contexto de profunda crisis económica, donde la inflación y las restricciones financieras golpean con fuerza a los trabajadores por cuenta propia. Las sanciones elevadas y las inspecciones estrictas han generado un clima de temor y frustración, llevando a muchos a cuestionar la equidad y la transparencia del sistema de fiscalización. Para muchos ciudadanos, el incidente no solo refleja un abuso puntual, sino un patrón más amplio de trato injusto hacia quienes buscan subsistir con negocios privados en medio de una economía en tensión.
En redes sociales, la publicación de Saúl Manuel ha generado debates intensos sobre corrupción, arbitrariedad y la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre los pequeños negocios. Usuarios de Facebook, Instagram y TikTok han mostrado su solidaridad con el dueño de la cafetería, mientras que otros llaman a una regulación más justa que no perjudique la supervivencia económica de los emprendedores cubanos.
Este hecho se suma a un creciente número de denuncias que cuestionan las prácticas de algunos inspectores estatales y el impacto de estas sanciones en la población. La conversación pública generada por este caso demuestra que, más allá de las cifras y multas, existe un sentimiento generalizado de injusticia y preocupación por los límites de la autoridad en la vida cotidiana de los cubanos.
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