La figura de Miguel Ángel Rodríguez Arriera vuelve a estar en el centro de la polémica tras nuevas denuncias que lo señalan como represor político en el municipio de Bejucal, provincia de Mayabeque. Luego de una primera acusación pública en agosto de 2025, ahora otros testimonios refuerzan las sospechas sobre su vínculo con el aparato represivo del Estado cubano y la impunidad con la que, según los denunciantes, ha actuado durante años.
La más reciente denuncia fue enviada a medios independientes por Liset Saló, una cubana residente en el exilio, quien expresó su profunda indignación por la falta de justicia en Cuba y el trato desigual entre ciudadanos comunes y funcionarios o colaboradores del régimen. A través de intermediarios, Saló expuso varios casos que, a su juicio, evidencian cómo personas vinculadas al poder son protegidas incluso cuando existen señalamientos de corrupción o abuso de autoridad.
Entre los hechos mencionados, Saló asegura que Rodríguez Arriera habría estado implicado en el robo de materiales y, lejos de ser sancionado, fue posteriormente promovido a un cargo relevante en el Aeropuerto Internacional "José Martí". Mientras tanto, recuerda que ciudadanos sin conexiones, como su propio padre, fueron castigados con severidad por acusaciones que, según ella, eran falsas.
Saló relata que en 1970 su padre fue acusado injustamente de robar dos llantas, hecho que derivó en un juicio público con altavoces en las calles del pueblo y una condena que lo llevó a prisión durante varios meses. La humillación pública y el daño emocional marcaron a toda la familia. “No me importa el tiempo que haya pasado, lo sigo sufriendo”, afirmó, subrayando que nunca hubo reparación ni justicia.
Las denuncias contra Rodríguez Arriera no se limitan a este testimonio. El exiliado Reinaldo Perdomo lo había señalado previamente en redes sociales por colaborar con la Seguridad del Estado durante un registro en su vivienda. A esto se suman declaraciones de otros vecinos, como Pedro Salgado, quien afirmó que Rodríguez Arriera intentó apropiarse de un terreno mediante influencias familiares y presiones.
Otro testimonio relevante es el de Roberto Chaviano Cabrera, quien lo identifica como “Miguelito Corcho” y lo acusa de haber guiado a un operativo represivo el 12 de julio de 2021, cuando fue detenido de manera violenta tras las protestas del 11J. Según Chaviano, Rodríguez Arriera señaló su casa desde una moto del MININT y luego se retiró junto a otro oficial.
Para los denunciantes, estos casos reflejan la doble moral del sistema: mientras ciudadanos comunes enfrentan castigos ejemplarizantes, quienes colaboran con el poder gozan de protección y ascensos. Las nuevas acusaciones reabren el debate sobre la impunidad, la memoria de las víctimas y la necesidad de justicia para los abusos cometidos en nombre del régimen.
Fuente: Periódico Cubano
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