La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) ha añadido a cinco juristas cubanos a su listado de Represores Cubanos, tras condenar de manera injusta a seis ciudadanos que protestaban pacíficamente en Encrucijada, Villa Clara. Este caso refleja cómo autoridades judiciales utilizan su poder para reprimir a quienes ejercen su derecho a la protesta.
Los funcionarios incluidos en la lista son Ayrebi Miranda Pérez, Yosmel Guevara Herrera, Aimee Caraballé Corrales, María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández, quienes participaron en sentencias de hasta 8 años de prisión contra personas que reclamaban el restablecimiento del servicio eléctrico después de más de 48 horas de apagón en la localidad.
La fiscal Ayrebi Miranda Pérez pidió penas de 4 a 9 años basándose únicamente en que los manifestantes tocaban calderos y gritaban “queremos corriente”. Para Yosmel Guevara Herrera, la protesta pacífica constituyó “desórdenes públicos”. Los jueces Caraballé Corrales, Domínguez Rodríguez y Faife Hernández impusieron sentencias de 5 a 8 años, aunque no existió evidencia de violencia ni alteración del orden público.
Los magistrados acusaron a los manifestantes de “obstaculizar la vía pública” e “incitar a otros a unirse a la protesta”, pero los videos compartidos en redes sociales mostraron claramente la naturaleza pacífica de la manifestación, en la que ciudadanos solo golpeaban cacerolas para exigir electricidad.
Entre los condenados destaca José Gabriel Barrenechea Chávez, escritor cubano, cuyo caso ha tenido gran repercusión internacional. La madre de Barrenechea, enferma de cáncer, solicitó ver a su hijo antes de fallecer, pero su petición fue negada por el jefe de la prisión de La Pendiente, Yurianis Speck Rosillo, y la mujer murió sin poder despedirse.
Las penas aplicadas en esta ocasión fueron:
Yandri Torres Quintana: petición fiscal 9 años – sanción 8 años
Rafael Javier Camacho Herrera: petición fiscal 9 años – sanción 7 años
José Gabriel Barrenechea Chávez: petición fiscal 6 años – sanción 6 años
Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa: petición fiscal 5 años – sanción 5 años
Yuniesky Lorences Domínguez: petición fiscal 4 años – sanción 3 años de trabajo correccional sin internamiento
Marcos Daniel Díaz Rodríguez: petición fiscal 5 años – sanción 5 años de limitación de libertad
Este caso demuestra que en Cuba existen represores de “cuello blanco”, funcionarios que usan la ley para castigar manifestaciones pacíficas y proteger intereses políticos en lugar de garantizar justicia. Su inclusión en la lista de la FHRC busca visibilizar estos abusos y alertar a la comunidad internacional sobre la falta de independencia judicial y la vulneración de derechos humanos en el país.
La protesta de Encrucijada es un ejemplo más de cómo ciudadanos enfrentan apagones y carencias, mientras las autoridades responden con sanciones desproporcionadas. La atención que ha generado este caso refuerza la importancia de mantener la presión internacional sobre Cuba y exigir justicia y libertad para los presos políticos.
Fuentes: Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) - Periódico Cubano
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