El Gobierno cubano ha restringido la salida al exterior de 9,248 personas que adeudan un total de 1,200 millones de pesos en impuestos. La medida, anunciada por el primer ministro Manuel Marrero ante la Asamblea Nacional el 18 de diciembre de 2024, busca presionar a los deudores para saldar sus obligaciones fiscales.
Durante su intervención, Marrero destacó que la mayoría de los afectados regularizan sus pagos «enseguida, con tal de que se les permita viajar», aunque no precisó cómo se aplica exactamente la restricción de viaje.
Esta práctica no es nueva. En septiembre de 2023, medios locales reportaron que alrededor de 600 contribuyentes fueron regulados por deudas significativas con la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT). Según Yudith Navarro, jefa del departamento de Cobranza de la ONAT, la medida está respaldada por la Ley 113 del Sistema Tributario y el Decreto 308. Sin embargo, las normas citadas solo hacen referencia a la colaboración entre entidades estatales, sin detallar la regulación de viajes como una herramienta para el cobro de deudas.
Documentos a los que tuvo acceso el medio independiente elTOQUE indican que la medida se fundamenta en el Decreto Ley 302 de 2012, cuyo artículo 25 también es ambiguo respecto a la legitimidad de estas restricciones. Esta falta de claridad en el marco legal permite a las autoridades aplicar discrecionalmente este tipo de sanciones, que no solo afectan a deudores fiscales, sino también a voces críticas al régimen, periodistas y activistas.
Un comunicado reciente de la ONAT señaló que, en caso de no saldar las deudas, los contribuyentes pueden ser llevados ante los Tribunales. Esta postura refleja un endurecimiento en la política fiscal del país, que también ha sido criticada por su impacto en sectores vulnerables.
Una emprendedora, quien prefirió mantenerse en el anonimato, compartió su experiencia con elTOQUE. En agosto de 2024, le notificaron que no podría viajar al extranjero hasta que saldara una deuda. La joven apeló la multa, pero su situación no ha cambiado desde entonces. «No supe que estaba regulada hasta que me entregaron el documento, meses después de que comenzó la investigación», explicó.
Este caso ilustra cómo las restricciones de viaje pueden convertirse en una herramienta coercitiva, cuyo uso genera preocupaciones sobre los derechos de los ciudadanos en Cuba. La falta de transparencia y la ambigüedad legal dejan a muchas personas en un limbo administrativo, sin soluciones claras para resolver su situación.
El Código Penal cubano establece sanciones para el delito de evasión fiscal que pueden incluir la privación de libertad de uno a tres años y multas de 300 a 1 000 cuotas, o ambas, en los casos en que una persona incumpla de forma deliberada con el pago de impuestos, tasas o contribuciones declaradas como deuda por la administración tributaria. Las sanciones se elevan a penas de entre dos y cinco años de cárcel si los hechos causan un grave perjuicio al presupuesto del Estado.
Además, las acciones fraudulentas como la falsificación, ocultamiento o alteración de información tributaria para evadir impuestos se penalizan con prisión de dos a cinco años o multas de 500 a 1 000 cuotas. En casos de perjuicio grave al presupuesto estatal, la sanción puede alcanzar de tres a ocho años de privación de libertad.
(Fuente: elTOQUE")
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