La administración del presidente Donald Trump ordenó intensificar las investigaciones contra abogados de inmigración señalados por presuntamente presentar solicitudes fraudulentas de asilo en Estados Unidos, en una nueva medida orientada a endurecer la política migratoria y acelerar las deportaciones.
Según un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenido por CBS News, el principal asesor jurídico de la agencia, James Percival, instruyó a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a aplicar con mayor rigor las leyes federales relacionadas con fraude migratorio.
La directiva ordena desarrollar políticas antifraude y contempla acciones contra abogados que, según el gobierno, presenten solicitudes de asilo falsas ante los tribunales de inmigración.
Aunque la medida no crea nuevas sanciones, sí busca utilizar de forma más agresiva herramientas legales ya existentes para sancionar tanto a migrantes acusados de fraude como a los representantes legales involucrados en esos procesos.
En el documento, Percival sostiene que durante años se han presentado numerosas solicitudes fraudulentas dentro del sistema migratorio estadounidense y asegura que algunos abogados argumentan de manera sistemática que prácticamente todos los inmigrantes enfrentan persecución o peligro en sus países de origen para intentar obtener protección migratoria.
La legislación estadounidense permite que cualquier persona presente una solicitud de asilo si se encuentra físicamente dentro del país, incluso si ingresó de manera irregular. Sin embargo, para obtener el beneficio debe demostrar un temor fundado de persecución por razones políticas, religiosas, raciales o sociales.
Las sanciones contempladas por la ley pueden incluir multas económicas significativas. De acuerdo con cifras citadas por el Departamento de Justicia, las penalidades podrían alcanzar hasta 4.730 dólares por una primera infracción y superar los 11.800 dólares en casos posteriores.
Además, abogados señalados por fraude podrían enfrentar procesos disciplinarios, suspensión del ejercicio profesional ante tribunales migratorios e incluso cargos penales en situaciones más graves.
El memorando también señala que el ICE deberá separar a los funcionarios encargados de investigar posibles fraudes de aquellos que participan directamente en los litigios migratorios, con el objetivo de evitar conflictos de intereses.
La medida forma parte de la estrategia migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, enfocada en fortalecer el control fronterizo, aumentar las deportaciones y endurecer las acciones contra redes de fraude migratorio.
En marzo, el mandatario también ordenó revisar y sancionar demandas consideradas “frívolas” contra el gobierno federal relacionadas con temas migratorios.
Organizaciones defensoras de inmigrantes y asociaciones de abogados reaccionaron con preocupación ante la nueva política. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración advirtió anteriormente que este tipo de medidas podrían generar intimidación contra profesionales que representan legalmente a solicitantes de asilo.
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