Dos empresarios fueron sentenciados a 20 años de prisión cada uno por liderar un esquema de fraude que desvió más de 233 millones de dólares del programa federal de salud conocido como Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), informaron autoridades estadounidenses.
Los condenados, identificados como Cory Lloyd, presidente de una firma de corretaje de seguros en Florida, y Steven Strong, director ejecutivo de una empresa de marketing en Texas, fueron hallados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, varios cargos de fraude electrónico y conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos. Strong también fue condenado por lavado de dinero. Además de la pena de prisión, ambos deberán pagar 180,6 millones de dólares en restitución.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el esquema se extendió por varios años y tuvo como objetivo obtener subsidios federales mediante la inscripción fraudulenta de decenas de miles de personas vulnerables en planes de salud totalmente subsidiados bajo la ACA.
Las investigaciones, encabezadas por el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la división de investigación criminal del IRS, revelaron que los acusados se dirigían a personas de bajos ingresos, muchas de ellas sin hogar o con problemas de salud mental y adicciones. A través de vendedores que trabajaban para ellos, ofrecían incentivos para lograr que aceptaran ser inscritos en planes para los cuales no cumplían los requisitos.
Según los documentos judiciales, Lloyd y Strong presentaban solicitudes con información falsa sobre ingresos para que los beneficiarios aparentaran cumplir con los criterios exigidos. En algunos casos, también gestionaban solicitudes de Medicaid con el fin de que fueran rechazadas y así poder inscribir a esas mismas personas en planes subsidiados fuera del período regular de inscripción, lo que les permitía maximizar las comisiones pagadas por aseguradoras.
El fraude no solo implicó pérdidas millonarias para el erario público —al menos 180 millones de dólares en subsidios fueron pagados indebidamente— sino que también puso en riesgo la atención médica de los afectados. Algunas víctimas sufrieron interrupciones en su cobertura previa, incluyendo tratamientos por trastornos de consumo de opioides y enfermedades graves.
Durante el juicio, la fiscalía presentó mensajes de texto en los que los acusados presumían de las ganancias obtenidas y hacían comentarios despectivos sobre las personas que estaban utilizando para el esquema. Las autoridades señalaron que los fondos obtenidos fueron utilizados para adquirir bienes de lujo, entre ellos propiedades frente al mar, un yate y vehículos de alta gama.
En un comunicado, la fiscal general Pamela Bondi afirmó que el caso demuestra el compromiso del Gobierno con la persecución del fraude contra programas financiados por los contribuyentes. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, subrayó que el modelo de negocio de los acusados se basaba en la explotación de personas vulnerables.
Un tercer implicado, Dafud Iza, se declaró previamente culpable y fue condenado a 35 meses de prisión por su participación en el plan.
El caso forma parte de los esfuerzos federales para combatir el fraude en el sistema de salud, una prioridad para las autoridades ante el impacto económico y social de este tipo de delitos.
Fuente: Departamento de Justicia Florida