El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) presentó este jueves una propuesta que limitaría el acceso a viviendas públicas principalmente a ciudadanos estadounidenses, generando preocupación entre defensores de derechos humanos sobre posibles desalojos masivos.
La norma, publicada en el Registro Federal, exigiría a todos los residentes de viviendas financiadas por HUD demostrar su ciudadanía o estatus migratorio elegible, incluidos adultos mayores de 62 años, quienes hasta ahora solo necesitaban probar su edad. En la práctica, esto excluiría a familias de estatus mixto, en las que algunos miembros son elegibles para recibir asistencia y otros no.
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la medida: “La norma garantizará que todos los residentes de viviendas financiadas por el HUD sean inquilinos elegibles. No toleraremos que ciudadanos estadounidenses trabajadores queden desplazados mientras otros se aprovechan de vacíos legales de hace décadas”. La propuesta se hará oficial este viernes con su publicación en el Registro Federal, aunque no se ha precisado cuándo entraría en vigor.
Durante la primera administración de Donald Trump se planteó una norma similar, que nunca se implementó, y ahora se retoma como parte de la agenda conservadora Project 2025.
La medida ha generado críticas inmediatas por parte de organizaciones de vivienda. Shamus Roller, director del National Housing Law Project, señaló que “EE. UU. puede garantizar hogares seguros para todos, sin importar origen o idioma, pero esta norma amenaza con desalojar a familias inmigrantes que dependen de estas viviendas”.
Estudios recientes estiman que la propuesta podría afectar hasta a 20.000 familias, o unas 80.000 personas, según el Center on Budget and Policy Priorities. Además, millones de residentes enfrentan dificultades para demostrar su estatus: alrededor de 3,8 millones de adultos ciudadanos carecen de documentación adecuada, y otros 17,5 millones no pueden obtenerla con facilidad.
Sonya Acosta, analista de políticas del centro, afirmó que “esta norma obligaría a familias con estatus migratorio mixto a decidir entre perder asistencia para pagar el alquiler o separar a sus seres queridos. Las personas sin documentación nunca han sido elegibles, pero ahora el riesgo se amplía incluso para ciudadanos que no pueden probarlo”.
Los críticos también advierten que la medida podría agravar la crisis de vivienda en EE. UU., afectando a comunidades que dependen de subsidios de HUD para mantener viviendas seguras y asequibles. Aún se desconoce el proceso final de revisión de comentarios públicos y posibles ajustes antes de su implementación definitiva.
(Con información de AP)
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