Un tribunal chileno decretó este miércoles prisión preventiva para seis médicos extranjeros —entre ellos una ciudadana cubana— y para el representante legal de un presunto centro médico, todos implicados en la venta de licencias médicas falsas a funcionarios públicos. La medida alcanza a siete personas de nacionalidad extranjera vinculadas a una investigación que el Ministerio Público considera de alto impacto fiscal y social.
Entre los imputados figuran cuatro ciudadanos colombianos —Manuel Tejera Altamar, Einer Ramírez Flores, Edgar Camelo León y Jorge Luis Galvis Machado—, el peruano Roger Sebastián Llapo, la venezolana Krissy Mora Duarte y la cubana Mayra De la Fuente Aguilar. Hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre la fecha ni la vía de ingreso de De la Fuente Aguilar a Chile.
Según reportes de El Mercurio, la investigación tomó impulso tras un informe de la Contraloría General de la República emitido en mayo de 2025. El documento detectó que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras figuraban con reposo médico, y que otros fueron sorprendidos apostando en casinos bajo la misma condición. La fiscalía estima un perjuicio superior a $20.000 millones de pesos chilenos (más de 32 millones de dólares) contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), derivado de la emisión de 35.978 certificados falsos entre 2021 y 2024.
Los imputados enfrentan cargos por falsificación de licencias médicas, fraude de subvenciones y asociación ilícita. Además, el Ministerio Público solicitó formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían adquirido estos certificados.
La indagatoria señala que los médicos operaban desde dos centros médicos —con antecedentes de un tercero— que compartían la misma dirección, utilizada como oficina administrativa y tributaria, sin actividad clínica real. Las prisiones preventivas se cumplirán en Santiago (seis imputados) y Puerto Montt (uno), con un plazo de investigación de 120 días, de acuerdo con BioBioChile.
El tribunal estimó que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de los delitos, el actuar en grupo y los bienes jurídicos comprometidos.
El caso se inserta en una ofensiva mayor: en mayo, 41 médicos extranjeros investigados abandonaron Chile; el 15 de julio fueron formalizadas 18 personas en una causa que detectó más de 70.000 documentos falsificados; y en agosto, el gobierno chileno decidió expulsar a 281 médicos extranjeros por su participación en este esquema desde 2022.
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