El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decidió este martes declarar a la provincia de Santiago de Cuba en “fase de normalidad”, casi dos meses después del impacto del huracán Melissa, que tocó territorio santiaguero el 29 de octubre como ciclón de categoría 3.
La determinación, difundida por medios estatales, sostiene que el “trabajo desarrollado” permitió “la rehabilitación de los servicios vitales” y que, a partir de ahora, las tareas de reconstrucción continuarán bajo las estructuras habituales de la administración y los organismos locales, fuera del esquema excepcional de dirección que acompaña las fases operativas de la Defensa Civil.
Sin embargo, el anuncio llega sin datos básicos que permitan evaluar el alcance real de esa supuesta normalidad. El comunicado no precisa cuántas viviendas resultaron dañadas o destruidas, qué infraestructuras permanecen sin recuperar, cuántas personas continúan afectadas ni qué objetivos concretos se consideran cumplidos para justificar el cambio de fase. En la práctica, la propia nota reconoce que “continúa la recuperación” y que quedan “actividades de reconstrucción”, pero evita cuantificar el saldo del desastre en la provincia que, según el propio relato oficial, fue la más golpeada del oriente.
El Estado Mayor aseguró que la decisión se tomó “ante el trabajo de recuperación realizado por sus pobladores y dirigentes para restañar las secuelas” del huracán y admitió que “la cuantía de las afectaciones” en Santiago de Cuba fue mayor que en otros territorios, que habían regresado antes a la misma categoría operativa.
El pasado 1 de diciembre, la Defensa Civil informó que Holguín, Granma y Guantánamo pasaban a la normalidad, mientras Santiago se mantenía entonces bajo dirección especial de los consejos de defensa. La decisión de este martes completa, al menos en términos formales, el retorno de las provincias orientales a la fase administrativa posterior a la emergencia.
Conviene subrayar que la “fase de normalidad” no implica el fin de la reconstrucción, sino el cierre del dispositivo excepcional. El principal punto ciego del anuncio sigue siendo la falta de rendición de cuentas: no se publican balances verificables, cronogramas ni indicadores públicos —viviendas reparadas, restablecimiento de agua y electricidad por municipios, escuelas y hospitales recuperados, daños agrícolas u obras pendientes—, lo que limita la posibilidad de determinar si el cambio responde a una recuperación efectiva o a la necesidad política de clausurar la emergencia en el discurso y trasladar lo pendiente a instituciones que operan con recursos mínimos.
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