Funcionarios municipales fueron señalados por el uso de la fuerza contra migrantes cubanos en Tapachula, Chiapas, en un operativo que ha generado indignación y denuncias de abuso.
Un grupo de migrantes cubanos fue agredido durante un operativo de desalojo en el Parque Miguel Hidalgo, en Tapachula, Chiapas, en un hecho que ha provocado fuertes reacciones y cuestionamientos sobre el trato a personas en situación de movilidad.
Los hechos ocurrieron cuando funcionarios municipales intentaron retirar a los migrantes del espacio público, donde varios de ellos vendían café como forma de subsistencia tras haber sido deportados desde Estados Unidos. Según testimonios y videos difundidos en redes sociales, el procedimiento derivó en empujones, golpes y escenas de violencia que afectaron especialmente a personas de edad avanzada.
Entre los casos documentados, destaca el de un hombre de aproximadamente 60 años, quien fue derribado y golpeado por varios uniformados. Las imágenes del incidente han circulado ampliamente, generando indignación por el uso desproporcionado de la fuerza contra un grupo vulnerable.
De acuerdo con las denuncias, los implicados pertenecerían al programa Centinela de la Secretaría de Servicios Públicos del ayuntamiento local, bajo la administración del alcalde Yamil Melgar Bravo. Además de la agresión física, los migrantes habrían sido amenazados con ser entregados a las autoridades policiales, pese a contar con permisos temporales otorgados tras su traslado desde Texas.
El activista Luis Villagrán condenó lo sucedido y advirtió sobre un clima creciente de hostilidad hacia los migrantes en la región. Según afirmó, existe una tendencia a criminalizar tanto a los extranjeros como a quienes les brindan apoyo, responsabilizando a las autoridades locales de cualquier escalada de violencia.
El incidente vuelve a poner en el foco la situación de los migrantes en el sur de México, donde miles de personas enfrentan condiciones precarias y riesgos constantes. Organizaciones civiles han reiterado la necesidad de garantizar respeto a los derechos humanos y evitar el uso de la fuerza en operativos de control.
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