El representante republicano por Florida, Randy Fine, presentó este martes ante el Congreso la “Ley de No Asistencia Social para los No Ciudadanos”, una iniciativa destinada a restringir el acceso a programas federales de asistencia social para todas las personas que no posean la nacionalidad estadounidense. La propuesta ha generado debate por su alcance, que incluye a inmigrantes legales, indocumentados, refugiados y asilados.
Según Fine, la medida responde a la necesidad de proteger a los contribuyentes estadounidenses frente a un gasto público creciente. Se proyecta que entre 2024 y 2034 el gobierno federal podría destinar 177 mil millones de dólares en beneficios de asistencia social a no ciudadanos, mientras la deuda nacional alcanza los 38 billones de dólares. “Están robando a los estadounidenses. Somalíes, inmigrantes ilegales e incluso legales reciben ayudas gratuitas a costa de los contribuyentes. Esto es una locura, es inmoral y debe terminar”, declaró Fine.
La legislación busca poner fin a la elegibilidad de no ciudadanos en todos los programas de asistencia social federal, incluyendo Medicaid, cupones de alimentos (SNAP), asistencia de vivienda bajo la Sección 8 y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Además, pretende cerrar las lagunas y exenciones que actualmente permiten que ciertos inmigrantes accedan a beneficios tras cumplir un período de residencia legal.
El congresista enfatizó que los recursos públicos deben priorizar a los ciudadanos estadounidenses. “Los trabajadores estadounidenses no deberían pagar la atención médica, la vivienda gratuita, los cupones de alimentos, Medicaid ni nada por el estilo para los no ciudadanos. Los ciudadanos son lo primero. Punto”, expresó Fine.
La propuesta también surge en el contexto de escándalos de mal manejo de fondos públicos, como el caso “Feeding Our Future” en Minnesota, donde se detectó el robo de aproximadamente 250 millones de dólares destinados a la alimentación de menores, hecho que, según Fine, evidencia la necesidad de reforzar la responsabilidad fiscal.
El texto de la ley no contempla excepciones, lo que significa que tanto inmigrantes en situación irregular como residentes legales, refugiados y asilados quedarían excluidos de recibir ayudas federales. Fine calificó la medida como un acto de “responsabilidad fiscal” y exhortó a sus colegas en el Congreso a aprobar rápidamente el proyecto y enviarlo al despacho del presidente Trump.
Defensores de la iniciativa aseguran que su aprobación permitirá reducir el gasto público y proteger a las familias estadounidenses, mientras que críticos advierten que podría afectar la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de millones de residentes extranjeros que contribuyen a la economía del país.
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