El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una medida que abre la puerta a establecer centros de gestión migratoria fuera del territorio de la Unión Europea, en el marco de una reforma que ha generado un fuerte debate político y jurídico sobre el respeto a los derechos fundamentales.

El Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo mandato legislativo que contempla la posibilidad de crear centros de inmigración situados fuera de las fronteras de la Unión Europea, una iniciativa que busca acelerar los procesos de retorno de personas a las que se les haya denegado el derecho de asilo. La propuesta ha sido respaldada por una amplia mayoría de eurodiputados, con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, según el diario El Mundo.

La medida forma parte de un paquete de reformas más amplio orientado a endurecer la política migratoria comunitaria y mejorar la gestión de los flujos de personas que llegan a territorio europeo. El texto aprobado establece que los solicitantes de asilo rechazados deberán cooperar con las autoridades para facilitar su expulsión, y contempla la posibilidad de detención de hasta 24 meses en caso de falta de colaboración.

Uno de los aspectos más polémicos del acuerdo es que estos periodos de detención podrían aplicarse incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, aunque el Parlamento subraya que estas medidas deberían utilizarse únicamente como “último recurso”. Esta disposición ha provocado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de grupos políticos de izquierda, que consideran que podría vulnerar principios básicos del derecho internacional.

El apoyo a la iniciativa ha llegado principalmente del Partido Popular Europeo y de varios grupos de derecha y extrema derecha, que argumentan que la reforma es necesaria para mejorar la eficacia del sistema migratorio y reducir la presión sobre los Estados miembros. En contraste, sectores progresistas han cuestionado la legalidad y la proporcionalidad de las medidas, alertando de un posible retroceso en materia de protección internacional.

La iniciativa también plantea interrogantes sobre la cooperación con terceros países que podrían albergar estos centros de inmigración, así como sobre las garantías jurídicas y humanitarias que se ofrecerían a las personas trasladadas fuera de la UE.

La medida aprobada por el Parlamento Europeo no elimina el derecho de asilo ni significa que los inmigrantes “no tengan derechos”. Lo que establece es un endurecimiento de la gestión migratoria para los casos en los que una solicitud de protección sea rechazada. En esas situaciones, se facilita la expulsión y se permite crear centros fuera de la UE para tramitar retornos, además de ampliar los plazos de detención si la persona no coopera. Sin embargo, esto ha generado críticas porque podría afectar garantías fundamentales, especialmente en casos de menores o familias, aunque oficialmente se plantea como un recurso excepcional y regulado.

El debate se enmarca en un contexto de creciente tensión política en Europa respecto a la inmigración, con varios Estados miembros reclamando políticas más estrictas y otros defendiendo un enfoque basado en la acogida y la protección de derechos.

Fuentes oficiales y parlamentarias han señalado que el texto todavía deberá pasar por negociaciones adicionales antes de su implementación definitiva, lo que abre la puerta a posibles modificaciones en los puntos más controvertidos

Fuente: El Mundo

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