El Tribunal Provincial Popular de La Habana confirmó la sentencia contra Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González, acusados de graves delitos relacionados con la corrupción y el abuso de menores. Ambos fueron juzgados el 29 de septiembre de 2025 por el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, en una causa que estremeció a la opinión pública por la crueldad de los hechos.
Según el fallo judicial, Rodríguez Núñez, madre biológica y tutora de cuatro niñas de 10, 7, 4 y 1 año, fue hallada culpable de abandono y desatención sistemática de sus hijas, tres de las cuales presentan discapacidad cognitiva y eran atendidas en escuelas especiales.
Las investigaciones demostraron que la mujer no garantizaba la alimentación, educación ni atención médica de las menores, a pesar de recibir ayudas del gobierno local. En múltiples ocasiones, las dejaba solas durante la noche o se ausentaba por largos períodos, exponiéndolas a graves riesgos.
El tribunal también acreditó que Rodríguez Núñez y su pareja, Carlos Díaz González, obligaban a las niñas a deambular por las calles pidiendo dinero o comida, especialmente en horarios nocturnos. El dinero recolectado era utilizado por ambos para consumir bebidas alcohólicas.
El caso alcanzó su punto más alarmante cuando se demostró que Díaz González aprovechó la situación de vulnerabilidad de las menores para abusar sexualmente de una de ellas, de solo siete años de edad, con el consentimiento de la madre.
Tras la presentación de pruebas y testimonios, el tribunal declaró culpables a ambos acusados. Rodríguez Núñez fue sancionada a ocho años de privación de libertad por corrupción de menores y otros actos contrarios al desarrollo integral de personas menores de edad.
Por su parte, Díaz González recibió una pena de diez años de prisión por los delitos de corrupción de menores y abusos lascivos. Además, se les impusieron sanciones accesorias: la suspensión de los derechos paternos de Rodríguez Núñez sobre sus hijas, la privación de determinados derechos ciudadanos y la prohibición de salir del país.
El tribunal destacó que durante el proceso se respetaron las garantías establecidas en la Ley del Proceso Penal y en la Constitución de la República, y que se aplicó la normativa vigente al momento de los hechos por resultar más favorable a los acusados.
Tanto los condenados como la Fiscalía tienen derecho a presentar un recurso de apelación ante la Sala correspondiente del propio Tribunal Provincial de La Habana.