La publicación del nuevo Proyecto de Ley de la Vivienda en Cuba ocurre en un contexto de grave deterioro del parque habitacional, con un déficit estimado de 900.000 viviendas, inmuebles en mal estado, envejecimiento poblacional y una emigración sostenida que ha modificado la estructura demográfica del país.

El proyecto es presentado por las autoridades como una actualización del marco legal destinado a garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada.

Entre las principales modificaciones se incluye la posibilidad de que una persona natural posea hasta dos viviendas, además de una casa de descanso o veraneo, lo que introduce una flexibilización parcial del régimen de propiedad vigente.

La norma elimina también la disposición que establecía la pérdida de derechos sobre la vivienda por salida definitiva del país, una regulación que durante años permitió al Estado asumir la titularidad de inmuebles de ciudadanos emigrados.

El texto amplía las formas de acceso a la vivienda mediante compraventa, herencia, donación, arrendamiento, usufructo, cooperativas y nuevas modalidades de financiamiento, y reconoce la participación de actores no estatales en la construcción y gestión habitacional, incluidas cooperativas, MIPYMES y entidades inmobiliarias.

En materia de convivencia, el proyecto modifica las reglas sobre el uso de inmuebles particulares, manteniendo la facultad del propietario para solicitar la salida de convivientes, pero ampliando la protección a familiares con vínculos socioafectivos y estableciendo excepciones en casos de violencia contra el propietario.

No obstante, el texto mantiene un amplio sistema de regulaciones y controles administrativos sobre la propiedad, con facultades para organismos estatales en la gestión y resolución de conflictos relacionados con inmuebles.

Las Direcciones Municipales de la Vivienda conservan competencias para determinar situaciones jurídicas, intervenir en disputas y promover procedimientos administrativos que pueden incidir en derechos patrimoniales, sin que el proyecto introduzca cambios sustanciales en los mecanismos de impugnación judicial.

El proyecto no modifica de manera significativa las condiciones estructurales del sector, que incluyen escasez de materiales de construcción, inflación, limitaciones de acceso al crédito, bajos salarios y ausencia de un sistema hipotecario desarrollado.

Tampoco resuelve problemas relacionados con el registro de propiedades, la transparencia en la valoración de inmuebles ni las dificultades para la financiación privada de la construcción y rehabilitación de viviendas.

Aunque la normativa incorpora el concepto de “vivienda adecuada” y menciona la atención a personas en situación de vulnerabilidad, su implementación depende de recursos materiales limitados.

El proyecto introduce cambios en el lenguaje legal y flexibiliza algunos aspectos del régimen de propiedad, pero mantiene sin modificaciones sustanciales las condiciones económicas y estructurales que inciden en el déficit habitacional del país.

Fuentes: Diario de Cuba y Nuevo Proyecto de ley

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