Un nuevo informe de la organización Prisoners Defenders asegura que en Cuba se ha alcanzado la cifra de 1.260 presos políticos, en un contexto marcado por denuncias de torturas, malos tratos, amenazas de muerte y presuntos abusos sexuales en centros penitenciarios de la isla.

El documento, divulgado recientemente, describe un escenario de “violencia sistemática” contra personas encarceladas por motivos de conciencia, e incluye nuevos casos de detenciones en el último mes, entre ellos menores de edad, artistas, deportistas y periodistas independientes. Según la ONG, también se habrían documentado campañas de intimidación contra familiares de opositores.

El informe señala que 449 de los presos presentan enfermedades graves agravadas por las condiciones de reclusión, mientras que 51 padecen trastornos mentales sin acceso a tratamiento adecuado. Además, indica la existencia de 35 menores de edad encarcelados y 142 mujeres detenidas por razones políticas.

Entre los casos mencionados se encuentra el de jóvenes arrestados tras protestas sociales o denuncias públicas, así como figuras del ámbito cultural y deportivo. La organización sostiene que muchos de estos detenidos han sido procesados bajo cargos amplios como “desórdenes públicos” o “sabotaje”, sin garantías procesales suficientes.

El reporte también recoge denuncias de familiares de opositores que habrían sido objeto de detenciones o presiones tras expresar críticas públicas contra autoridades locales.

Uno de los puntos más graves del informe se refiere a presuntos abusos dentro de las prisiones, incluyendo agresiones sexuales que, según la ONG, habrían ocurrido con conocimiento o participación de funcionarios penitenciarios. Estos hechos habrían sido utilizados como método de castigo o represalia contra reclusos políticos.

Asimismo, el documento advierte sobre amenazas de muerte dentro de centros de alta seguridad, donde algunos presos habrían sido advertidos de posibles ejecuciones en caso de una intervención militar extranjera o en escenarios de tensión política.

La organización también cuestiona las recientes excarcelaciones anunciadas por el gobierno cubano, al considerarlas insuficientes y limitadas. Según el informe, parte de los liberados continúan bajo arresto domiciliario o vigilancia estricta, lo que no implicaría una liberación plena.

En paralelo, el texto señala que las medidas anunciadas oficialmente no habrían incluido a presos políticos en los últimos indultos, lo que, según la ONG, refuerza la continuidad del patrón de represión.

El informe de Prisoners Defenders clasifica a los reclusos en distintas categorías, incluyendo convictos de conciencia y personas condenadas bajo procesos que considera irregulares. También estima que más de 2.000 personas han pasado por prisión por motivos políticos desde 2021.

La organización añade que organismos internacionales como la CIDH, la ONU y el Parlamento Europeo han recibido denuncias sobre la situación de derechos humanos en la isla.

Finalmente, el reporte concluye que en Cuba existiría un patrón sostenido de criminalización de la disidencia, en el que no solo se verían afectados los opositores, sino también sus familiares y entornos cercanos, bajo un sistema de vigilancia, presión y castigo que, según la ONG, se ha intensificado en los últimos años.

(Con información de Infobae)

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