La Fiscalía General de la República de Cuba anunció la continuación de procesos penales en ausencia contra los opositores cubanos Seriocha Humberto Fernández Rojas y Miguel Gómez Bártulos, ambos residentes en Estados Unidos y acusados por las autoridades de presuntos delitos de terrorismo.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial del régimen este 13 de mayo y establece que ambos ciudadanos fueron declarados “rebeldes” tras no comparecer ante los tribunales cubanos. A partir de ahora, serán juzgados en ausencia bajo una figura incorporada recientemente al sistema penal de la Isla.

Según los documentos oficiales, las autoridades acusan a Fernández Rojas de haber “orientado y financiado” incendios en la tienda La Mariposa, en Santa Clara, y en una oficina de atención militar en el municipio Diez de Octubre, en La Habana.

En el caso de Gómez Bártulos, el expediente lo vincula con supuestos actos de sabotaje contra un tanque de combustible en Matanzas y con daños a la réplica del yate Granma ubicada en el Parque Lenin, en La Habana.

De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía, ambos opositores abandonaron Cuba hace años y residen actualmente en territorio estadounidense. En el caso de Fernández Rojas, su salida del país se habría producido en 2020, mientras que Gómez Bártulos habría emigrado en 2017.

Las autoridades cubanas afirman que, tras su salida del país y su negativa a presentarse ante los tribunales, se activaron requisitorias oficiales y posteriormente se les declaró en rebeldía, lo que abrió paso al proceso judicial en ausencia.

La decisión ha sido adoptada en virtud de lo establecido en la Ley del Proceso Penal vigente en Cuba, que permite juzgar a personas que no se encuentran físicamente en el país, siempre que sean consideradas imputadas ausentes.

Sin embargo, organizaciones del exilio y sectores críticos del Gobierno cubano han denunciado reiteradamente que este tipo de procesos forman parte de una estrategia de criminalización de la disidencia política, en la que se equipara la oposición con delitos de terrorismo sin garantías judiciales independientes.

En este contexto, las acusaciones contra ambos opositores se suman a una lista creciente de expedientes abiertos por las autoridades cubanas contra activistas y exiliados radicados fuera del país, muchos de los cuales han sido incluidos en listados oficiales de supuestos “terroristas”.

El proceso judicial continuará su curso en los tribunales cubanos, donde las autoridades aseguran que se evaluarán las pruebas recopiladas en los expedientes de investigación.

Mientras tanto, desde el exilio, voces opositoras insisten en que estos procedimientos buscan enviar un mensaje de intimidación y reforzar el control político del régimen más allá de las fronteras de la Isla.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba

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