El consumo y tráfico de drogas en Cuba se ha convertido en un peligroso flagelo que afecta principalmente a los jóvenes, una situación que refleja el deterioro social del país. Según información publicada por el perfil oficialista "Con Todos La Victoria," la policía detuvo recientemente a dos ciudadanos en la vía rápida a Cárdenas, Matanzas, en posesión de 176 paquetes de marihuana escondidos en un auto Moskovich. Los implicados, Saúl Michel y Bárbaro Yasmani, tienen antecedentes penales, lo que pone en evidencia la reincidencia de muchos en el mundo delictivo, alimentado por la desesperanza económica y social.

Este caso no es aislado. En los últimos meses, perfiles vinculados a las fuerzas policiales han reportado frecuentes arrestos relacionados con drogas, intentando transmitir la idea de que el problema está bajo control. Sin embargo, el constante aumento en la cantidad de incautaciones y detenciones evidencia que el consumo de sustancias ilícitas sigue expandiéndose, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

El Gobierno cubano debería priorizar recursos significativos para combatir este grave problema social, que está literalmente envenenando a las nuevas generaciones. En lugar de destinar enormes cantidades de dinero y esfuerzo en ejercicios militares que buscan alimentar un falso sentimiento de amenaza por parte de Estados Unidos, sería más productivo invertir en programas de prevención, educación y rehabilitación. Estas maniobras militares, presentadas como una supuesta defensa de la soberanía, en realidad constituyen una estrategia política para reforzar el sentimiento antinorteamericano y desviar la atención de las carencias internas, como la escasez de alimentos, medicinas y empleos.

La creciente incidencia del tráfico y consumo de drogas pone en evidencia el debilitamiento del tejido social cubano, agravado por las limitadas oportunidades económicas y la desesperanza que enfrentan los jóvenes. El Estado debe asumir su responsabilidad en este tema, no solo desde el ámbito represivo, sino a través de políticas públicas integrales que aborden las causas subyacentes de esta problemática.

Mientras los perfiles asociados a las autoridades intentan proyectar una imagen de control, los indicadores muestran un problema que desborda las capacidades del sistema. La lucha contra las drogas no puede limitarse a detenciones esporádicas y condenas, sino que debe estar acompañada de esfuerzos educativos, acceso a tratamientos y, sobre todo, un cambio en las prioridades gubernamentales.

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