El Gobierno de La Habana anunció una nueva ofensiva de “fiscalización y control” sobre los precios agropecuarios en la capital, en cumplimiento de la Resolución 148/2025, firmada por la gobernadora Yanet Hernández Pérez. Según las autoridades, el objetivo es “enfrentar las prácticas especulativas” que afectan a la población. Sin embargo, detrás de este lenguaje burocrático se esconde una medida que amenaza con recrudecer la persecución contra productores, comerciantes y trabajadores por cuenta propia, sin atacar las causas reales del encarecimiento de los alimentos en Cuba.
La disposición fija topes de precios unificados para productores, acopiadores y vendedores minoristas, incluyendo tanto a las entidades estatales como a los mercados arrendados a cooperativas y formas no estatales de gestión. El control también abarca a los espacios administrados por el Ejército Juvenil del Trabajo y la Agricultura Urbana, lo que evidencia un mayor cerco estatal sobre toda la cadena productiva.
Como parte de la implementación de esta resolución, las Direcciones Municipales de Finanzas y Precios desplegaron operativos de inspección en ferias y mercados de varios municipios de la capital. Solo en los últimos días se impusieron multas de hasta 16 mil pesos cubanos (CUP) por supuestas violaciones de los precios oficiales. En Plaza de la Revolución, por ejemplo, un vendedor fue sancionado con 10 mil CUP por ofrecer pimientos a 380 pesos; otro, por vender pepinos a 70 CUP. En Arroyo Naranjo, se aplicaron multas que superaron los 29 mil CUP en una sola jornada.
El régimen justifica estas acciones bajo el argumento de “proteger al consumidor” y “fortalecer la disciplina comercial”. No obstante, la experiencia demuestra que el control de precios nunca ha logrado frenar la inflación ni mejorar el acceso a los alimentos. Por el contrario, cada ciclo de represión económica genera desabastecimiento, desincentiva la producción y empuja a los vendedores hacia la clandestinidad.
Los productores cubanos operan en condiciones extremadamente difíciles: enfrentan escasez de combustible, falta de fertilizantes, maquinaria obsoleta y una cadena de distribución dominada por el Estado. A esto se suma la burocracia paralizante y la intervención constante de organismos que no producen nada, pero imponen regulaciones arbitrarias. En ese contexto, exigir precios “topados” solo agrava la crisis, pues ningún campesino puede producir a pérdida.
En lugar de incentivar la producción, el Gobierno prefiere castigar a quienes intentan sobrevivir fuera del control estatal. Las multas, decomisos y sanciones administrativas funcionan como mecanismos de intimidación que buscan mantener sometido al pequeño productor. Mientras tanto, las empresas estatales continúan siendo las principales responsables del encarecimiento, al operar con ineficiencia, acaparar recursos y revenderlos con márgenes mucho mayores que los del sector privado.
El propio discurso oficial revela una contradicción: se acusa a los campesinos de “especulación”, cuando en realidad los precios reflejan la profunda escasez estructural de la economía cubana, producto de décadas de centralización. Los intentos de “disciplinar el mercado” mediante resoluciones y decretos han fracasado una y otra vez porque el problema no está en los precios, sino en la falta de producción y libertad económica.
Para que los alimentos vuelvan a las tarimas y los precios se estabilicen, Cuba necesita liberar las fuerzas productivas, reducir los impuestos confiscatorios, eliminar los monopolios estatales de acopio y permitir que la oferta responda a la demanda real del mercado. Mientras el Gobierno insista en controlar cada saco de boniatos o cada racimo de plátanos, el resultado será siempre el mismo: mercados vacíos, agricultores asfixiados y consumidores desesperados.
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