El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que retire el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a aproximadamente 350,000 venezolanos, lo que podría dejar a estas personas expuestas a procesos de deportación.
La petición, presentada por el Departamento de Justicia, busca revertir una decisión previa de un juez federal que había mantenido vigente el programa.
La administración de Trump había ordenado poner fin a este TPS para el pasado 7 de abril, pero una corte federal bloqueó esa acción. En particular, el juez de Distrito Edward Chen en San Francisco dictó una orden que impedía la expiración del programa. Chen argumentó que permitir la finalización del TPS afectaría gravemente a cientos de miles de personas que han establecido sus vidas en EE.UU., además de suponer un impacto económico negativo que podría alcanzar miles de millones de dólares.
A pesar de que una corte de apelaciones también rechazó la solicitud del gobierno, el procurador general D. John Sauer presentó una apelación de emergencia al tribunal supremo. En su escrito, Sauer alegó que la decisión del juez Chen representa una interferencia indebida con las atribuciones del Ejecutivo en materia de inmigración y política exterior.
También señaló que la terminación del TPS no constituye automáticamente una orden de deportación, ya que los afectados podrían explorar otras vías legales para permanecer en el país.
El TPS, establecido por el Congreso en 1990, permite a los inmigrantes residir y trabajar legalmente en EE.UU. cuando sus países de origen enfrentan condiciones extraordinarias, como desastres naturales, guerras o crisis humanitarias. Venezuela ha sido uno de los países más beneficiados por esta medida, dado el colapso social, económico y político que enfrenta desde hace años.
La decisión del gobierno de Trump de buscar el fin del TPS forma parte de un patrón más amplio de restricciones migratorias durante su mandato. En paralelo, el mismo día de la solicitud a la Corte Suprema, un juez federal en Texas declaró ilegales los intentos del gobierno de utilizar una antigua ley de tiempos de guerra —la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII— para deportar a venezolanos. Aunque estos dos casos son independientes, ambos reflejan la agresiva postura del presidente frente a las protecciones migratorias.
La comunidad venezolana en EE.UU. y defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado gran preocupación ante esta nueva ofensiva legal. Argumentan que retirar el TPS podría desestabilizar a familias enteras, provocar una crisis humanitaria y socavar la economía en sectores donde los beneficiarios del programa son parte clave de la fuerza laboral.
Mientras se espera la decisión de la Corte Suprema, el futuro de miles de venezolanos en Estados Unidos sigue siendo incierto.
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