La decisión del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el permiso humanitario a una niña mexicana de cuatro años con una enfermedad intestinal severa ha provocado una fuerte reacción entre activistas y abogados de derechos humanos.
La menor, diagnosticada con síndrome de intestino corto, depende de un tratamiento médico especializado en California, sin el cual —según sus médicos— moriría en cuestión de días. “Deportar a esta familia bajo estas condiciones no sólo es ilegal, sino un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad”, denunció Gina Amato, abogada de la familia y directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel.
La familia Vargas obtuvo el permiso temporal humanitario en 2023, cuando cruzaron la frontera desde México para buscar atención médica urgente. Desde entonces, la niña ha logrado salir del hospital gracias a una mochila intravenosa que le suministra nutrición. Este tratamiento, disponible en el Children's Hospital de Los Ángeles, le ha permitido vivir en casa, salir al parque y tener una vida más digna. En México, en contraste, pasaba sus días confinada en un hospital sin acceso al tratamiento que le brinda calidad de vida.
“Quitarle ese tratamiento equivale a sentenciarla a muerte. Es una niña que ahora puede sonreír, jugar y vivir como cualquier otra, gracias al sistema médico estadounidense”, explicó la madre, Deysi Vargas, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles el 28 de mayo. La menor, sentada junto a su madre, jugaba tranquilamente con calcomanías, ajena a la pesadilla burocrática que amenaza su existencia.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración no han comentado sobre el caso, aunque un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que no hay un proceso activo de deportación, y que una nueva solicitud de permiso está siendo evaluada. Sin embargo, los abogados temen que el silencio administrativo derive en una orden definitiva de salida.
La política migratoria bajo Trump ha buscado desmantelar protecciones implementadas por la administración de Joe Biden, incluidas las que otorgan permisos humanitarios a personas con emergencias médicas. Esta revocación representa un cambio drástico, ya que el permiso humanitario fue usado durante décadas para proteger a personas en situaciones límite, desde crisis en Vietnam hasta emergencias médicas individuales.
Los abogados de la familia han solicitado urgentemente la intervención de funcionarios electos y esperan una respuesta rápida para evitar un desenlace trágico.
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