La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió este jueves un nuevo revés judicial para Cristina Fernández de Kirchner al rechazar, por unanimidad, los planteos de su defensa. La exmandataria continuará bajo investigación en un tramo conexo de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, en la que se investiga el lavado de 55 millones de dólares por parte del empresario Lázaro Báez, su exsocio comercial.
La decisión del máximo tribunal coincidió con la confirmación de la condena a diez años de prisión contra Báez, hallado culpable de liderar una estructura de lavado de dinero entre 2010 y 2013 a través de su empresa Austral Construcciones. En la causa madre se demostró que los fondos ilegales fueron canalizados mediante mecanismos bancarios y societarios, tanto en Argentina como en el extranjero, para ocultar su origen ilícito.
Inicialmente, la expresidenta había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello, pero en 2024 la Cámara Federal porteña ordenó reabrir el expediente. La decisión se produjo tras el pedido de la asociación civil Bases Republicanas para ser parte querellante. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi (con la disidencia de Eduardo Farah) respaldaron continuar investigando el rol de Cristina Kirchner.
Aunque el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que no hay pruebas suficientes para imputarla, el caso quedó nuevamente en manos de Casanello, quien deberá determinar si la expresidenta fue coautora o partícipe en las maniobras de lavado lideradas por Báez.
Uno de los elementos que motivó la reapertura del caso fue el cruce de comunicaciones entre las líneas telefónicas de Cristina y Báez: 372 contactos entre 2010 y 2013, según la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO). A ello se sumó una escucha telefónica de Báez desde prisión en 2019, en la que admitía que todo su patrimonio provenía “de una sola persona que está arriba”, a quien no supo administrar los fondos y que le habría recomendado invertir en “ladrillos”.
Estas declaraciones reforzaron la sospecha de que Báez pudo haber actuado como testaferro de la entonces presidenta, y no como el único beneficiario del dinero. La Corte, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, concluyó que los recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner no eran procedentes, ya que no se trataban de una sentencia definitiva.
La maniobra de lavado fue detallada también por la Cámara de Casación, que describió una estructura organizada para expatriar fondos y luego reinsertarlos en el sistema financiero. Parte clave de esta red fue la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, donde se filmó a Martín Báez contando millones de dólares.
Austral Construcciones fue una pieza central. Solo entre 2010 y 2013, Báez y su entorno adquirieron 1.420 bienes valuados en 205 millones de dólares, incrementando su patrimonio personal en un 12.000 % y el de su empresa en más de 5.000 %.
Además, el juez Casanello avanza con peritajes sobre maniobras con bonos realizadas en 2012 y 2013, y sobre depósitos en cuentas suizas a través de sociedades como Helvetic Services Group. Se investiga si esos fondos retornaron a Argentina como supuestas inversiones extranjeras en Austral.
La reapertura de la causa se apoya también en pruebas acumuladas en otras investigaciones, como la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada por beneficiar a Báez con 51 contratos de obra pública. Los camaristas sostuvieron que nunca se evaluó integralmente el grado de participación criminal de la expresidenta en la maniobra de lavado.
Más de una década después, la Ruta del Dinero K sigue siendo una de las causas emblemáticas de corrupción durante el kirchnerismo, y con la resolución de la Corte, Cristina Kirchner vuelve a estar en el centro de la escena judicial.
Fuente: Clarín
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