Una nueva redada masiva llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tallahassee, Florida, resultó en la detención de más de 100 migrantes en un sitio de construcción cercano a la Universidad Estatal de Florida.
La operación fue ejecutada por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Tampa, quienes aseguraron que la mayoría de los detenidos tenía órdenes de deportación pendientes o antecedentes penales.
Según testigos, los migrantes fueron sorprendidos mientras trabajaban y obligados a formar filas por oficiales vestidos con uniformes de corte militar. El activista Thomas Kennedy denunció en redes sociales la manera en que se realizó el operativo, describiéndolo como una acción "más propia de una zona de guerra que de un lugar de trabajo". Entre los arrestados hay personas originarias de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
“Detener. Deportar. Entregar resultados al pueblo estadounidense”, escribió el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en la red social X, reafirmando el alineamiento del estado con la política migratoria de la administración Trump.
Las autoridades indicaron que los migrantes podrían ser deportados en las próximas semanas, aunque también se mencionó la posibilidad de ser enviados a cárceles en El Salvador o incluso a terceros países como Sudán del Sur.
La redada se suma a otras operaciones similares recientes en lugares como Wildwood, donde más de 20 trabajadores fueron arrestados en obras y empresas de jardinería. En ambos casos, la cooperación entre agencias federales y estatales, como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Vial de Florida, ha sido clave para ejecutar estos operativos.
La reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos usuarios criticaron duramente la criminalización de trabajadores indocumentados que desempeñan tareas esenciales en la economía local.
“Qué fuerte, llevándoselos donde solo están trabajando”, expresó una usuaria en respuesta a un video publicado por el activista Carlos Eduardo Espina.
En paralelo, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló la eliminación del programa de parole humanitario, afectando a más de 500.000 migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
La decisión, impulsada por la administración Trump, fue respaldada tras una solicitud de emergencia por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Esta medida revierte una orden previa que exigía evaluaciones individuales para cada caso. Con la nueva resolución, el gobierno podrá suspender el parole de manera general. Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se opusieron, alertando sobre el impacto devastador para cientos de miles de familias migrantes.