El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que endurece las restricciones al uso de teléfonos celulares en los centros escolares del estado. A partir del 1 de julio, los estudiantes de escuelas primarias y secundarias estarán completamente prohibidos de utilizar sus dispositivos móviles durante la jornada escolar, como parte de una iniciativa que busca mejorar la concentración en el aula y reducir distracciones.
La medida, recogida en la ley HB 1105 y aprobada por la Legislatura estatal el pasado 2 de mayo, representa una expansión significativa de las regulaciones vigentes sobre el uso de celulares en entornos educativos. La Cámara de Representantes respaldó el proyecto con 85 votos a favor y 14 en contra, mientras que el Senado lo aprobó con una votación de 26 a 5.
Además de la prohibición generalizada en escuelas primarias y secundarias, la ley también establece un programa piloto que será implementado en seis condados seleccionados. Este programa restringirá el uso de celulares en las escuelas preparatorias durante todo el horario lectivo, lo que permitirá evaluar los beneficios de una posible aplicación estatal futura en este nivel educativo.
La iniciativa responde a preocupaciones cada vez mayores sobre el impacto del uso excesivo de la tecnología en el desempeño académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Según los defensores de la ley, la presencia constante de teléfonos celulares en el aula ha contribuido a la distracción, al acoso en línea y a la disminución de la interacción social entre los alumnos.
Pero la legislación va más allá del ámbito disciplinario y tecnológico. También introduce modificaciones importantes en relación con las escuelas chárter, fortaleciendo su posición dentro del sistema educativo del estado. Uno de los cambios más relevantes es que estas escuelas tendrán derecho a recibir una parte proporcional del dinero recaudado por el impuesto local sobre las ventas, específicamente de los fondos destinados a la infraestructura escolar. El reparto se hará en función de la matrícula de cada escuela.
Asimismo, la ley facilita el proceso para convertir escuelas públicas tradicionales en escuelas chárter. Hasta ahora, dicha conversión requería el apoyo de la mayoría de los padres y también del profesorado. Sin embargo, con la nueva legislación, se elimina el requisito del respaldo docente, lo que simplifica y acelera el proceso para aquellos interesados en realizar la transición.
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