La alcaldesa de Doral Christi Fraga mantiene vigente el acuerdo 287(g) con ICE, pero asegura que la Policía local no participa en las redadas migratorias. Fraga sostiene que la ciudad aceptó el convenio ante las exigencias y posibles consecuencias planteadas por el estado de Florida, mientras ahora evalúa si puede rescindirlo.

La alcaldesa de Doral Christi Fraga ha defendido la permanencia del acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero asegura que esto no significa que la Policía de Doral esté participando en las redadas migratorias que se realizan en la zona.

El acuerdo permite que determinados agentes locales colaboren con ICE en funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales. El Departamento de Policía de Doral figura actualmente bajo un acuerdo 287(g) del modelo Task Force, firmado el 7 de enero de 2026.

Sin embargo, Fraga afirma que ningún agente de Doral ha participado hasta ahora en redadas de ICE y que la Policía tampoco cuenta con oficiales entrenados para ejercer esas funciones migratorias bajo el convenio. Es decir, el acuerdo existe, pero, según la alcaldesa, no se ha traducido en una participación operativa de la policía municipal en los actuales operativos migratorios.

La alcaldesa también ha explicado que su respaldo al acuerdo estuvo condicionado por la situación política y legal de Florida. Fraga sostiene que funcionarios locales fueron advertidos de posibles consecuencias si no cumplían con las políticas estatales de cooperación migratoria y que actuó siguiendo el asesoramiento de los abogados de la ciudad. Medios locales han informado que Fraga dijo haber actuado bajo presión del gobernador Ron DeSantis y de autoridades estatales.

Por eso, su posición puede resumirse así: Fraga no está diciendo que quiera que la Policía de Doral participe en las redadas de ICE; está defendiendo que el acuerdo permanezca mientras sostiene que la ciudad tenía poco margen para rechazarlo.

Fraga ha indicado que solicitará una determinación oficial al fiscal general de Florida antes de decidir si el convenio debe mantenerse o rescindirse. La situación, no obstante, está siendo cuestionada.

Líderes comunitarios y políticos han pedido que Doral abandone el acuerdo 287(g), argumentando que la ciudad debería desvincular a su Policía de la aplicación de las leyes migratorias federales.Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que Doral debe mantener el acuerdo y quienes reclaman su cancelación.

Fuente: La Nación - CBS News

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