Los prisioneros de conciencia Ediolvy Marín Mora y Carlos Alaín Abrahantes Valdés sufrieron un traslado forzoso a la cárcel Kilo 7 tras denunciar de forma sostenida los abusos del régimen penitenciario cubano. Ambos activistas, quienes compartían reclusión en Kilo 8, han sido blanco de amenazas de muerte e incomunicación sistemática en un esfuerzo de los mandos oficiales por silenciar sus denuncias desde el interior de las cárceles.

Las autoridades penitenciarias de la provincia de Camagüey ejecutaron el traslado forzoso de los presos políticos Ediolvy Marín Mora y Carlos Alaín Abrahantes Valdés desde la prisión Kilo 8 hacia el penal Kilo 7. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunciaron que la acción constituye un mecanismo represivo para silenciar sus voces.

Antes de su traslado, Marín Mora permaneció 27 días en una celda de aislamiento sin acceso a llamadas telefónicas. Durante ese periodo, sufrió amenazas de muerte por parte del capitán Yasmany Fuentes Leyva y del funcionario Daniel Brisney Calas, quienes le advirtieron que podría aparecer "ahorcado" en su celda. Asimismo, al llegar a Kilo 7, el segundo jefe de la unidad, Daniel Primeller Cala, amenazó a ambos prisioneros con aislarlos o enviarlos a la prisión de Guantánamo si continuaban informando sobre los abusos carcelarios.

Los prisioneros formaban parte de un grupo de reclusos que ha denunciado de manera sostenida la vulneración de sus derechos fundamentales. Según declaraciones de los afectados, la estrategia del régimen busca fragmentar a los activistas dentro del penal e intimidarlos mediante el hostigamiento sistemático de mandos oficiales y reclusos comunes.

El OCLE-ICLEP enfatizó que estas acciones violan los artículos 54 y 60 de la Constitución de la República de Cuba, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La organización hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a las relatorías de derechos humanos para que exijan responsabilidades al Estado cubano y vigilen el alarmante deterioro de la libertad de expresión en los centros de reclusión del país.

Fuente: ICLEP

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