Desde Bayamo llega un nuevo testimonio que retrata el deterioro del orden público y la desesperación de quienes confían en un sistema que parece haber renunciado a protegerlos. Elio Hechavarría, un ciudadano común y trabajador, denuncia cómo un hecho aparentemente simple —el robo de su teléfono— terminó convirtiéndose en un ejemplo perfecto de la impunidad que domina la vida diaria en Cuba.

Todo comenzó cuando compartía unas cervezas en el Bar Don Juan. En un descuido, su acompañante, Yoeni Ros González, tomó el móvil y desapareció. Lo que para cualquiera sería un robo evidente, para la PNR se convirtió en una “apropiación indebida”, un cambio de terminología que, en la práctica, suaviza el delito y facilita que el culpable quede en libertad.

Yoeni fue detenido el 24 de octubre. Aun así, numerosos testigos aseguran que seguía caminando por la ciudad como si nada. Cuando Elio acudió a la unidad policial para conocer el estado del caso, le informaron que el acusado había confesado y aceptado pagar 70 mil pesos como compensación. Se firmó un acuerdo que le daba 20 días para entregar el dinero.

Pero el plazo llegó y pasó sin que Elio recibiera un solo peso. Cuando fue a reclamarle a Yoeni, éste solo respondió que todavía tenía tiempo. Y justo antes de que se venciera el acuerdo, la madre del acusado reveló que su hijo se había marchado y no había regresado. En otras palabras: se fugó sin pagar.

Lo más alarmante es que este no es un caso aislado. Yoeni tiene antecedentes por robo con fuerza y otras apropiaciones indebidas, pero aun así ha sido liberado sin medidas efectivas que garantizaran el cumplimiento del pago. Incluso una instructora le confesó luego a Elio que, si hubiera pedido solo 2 o 3 mil pesos, quizá lo habrían retenido. Una explicación absurda que demuestra la falta de rigor en un sistema que debería impartir justicia, no negociar con delincuentes.

Hoy Elio continúa la denuncia, pero sabe que solo si el acusado vuelve a ser detenido podría avanzar el proceso. Mientras tanto, como ocurre en todo el país, los ladrones siguen sueltos, las víctimas continúan desprotegidas y la población vive entre la frustración, el miedo y la certeza de que la ley dejó de funcionar hace mucho tiempo.

Fuente: La Tijera

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