La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su respaldo a las medidas de presión internacionales dirigidas contra el gobierno cubano y sostuvo que las democracias no deben adoptar posiciones ambiguas frente a regímenes que, a su juicio, restringen las libertades fundamentales de sus ciudadanos.

En una entrevista concedida a la cadena televisiva NTN24, la mandataria afirmó que las acciones diplomáticas y económicas pueden ser herramientas legítimas cuando una población enfrenta condiciones de represión, pobreza y falta de oportunidades.

Fernández señaló que, en situaciones donde se vulneran los derechos humanos y se limita el acceso de la población a una vida digna, la comunidad internacional debe actuar con determinación. En ese sentido, manifestó que no existe “un espacio gris” cuando un gobierno oprime a su pueblo y defendió la necesidad de promover la restauración de la democracia y las libertades.

La jefa de Estado también destacó que Costa Rica adoptó la decisión de retirar su embajada en Cuba como una muestra de apoyo a un eventual proceso de democratización en la isla. Según explicó, su administración considera prioritario respaldar iniciativas orientadas a fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas.

Durante sus declaraciones, Fernández extendió esa postura a la situación de Venezuela y aseguró que su país apoya las acciones internacionales encaminadas a favorecer una transición democrática. Asimismo, expresó optimismo sobre la posibilidad de que esa nación recupere la estabilidad institucional.

En relación con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la presidenta costarricense calificó el hecho como una señal positiva para quienes esperan cambios políticos en Venezuela y reiteró que su gobierno respalda los esfuerzos realizados a través de los canales diplomáticos correspondientes para alcanzar ese objetivo.

Laura Fernández asumió la presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo tras una campaña centrada en promesas de combatir el crimen organizado, impulsar reformas estructurales del Estado y fortalecer la lucha contra la corrupción. Desde el inicio de su mandato, ha mantenido una línea crítica frente a los gobiernos autoritarios de la región y ha reiterado su compromiso con la defensa de los principios democráticos.

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