Representantes de la sociedad civil independiente cubana aprovecharon el inicio de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, para denunciar la situación de los derechos humanos en la isla y solicitar una postura más activa de los gobiernos democráticos del continente frente al régimen cubano.

Aunque Cuba permanece fuera de la organización desde hace más de seis décadas, activistas, opositores y organizaciones independientes participaron en encuentros paralelos desarrollados al margen de la cita oficial, donde expusieron sus preocupaciones sobre la realidad política del país y reclamaron apoyo internacional para impulsar cambios democráticos.

Uno de los temas centrales de las intervenciones fue el reciente paquete de reformas económicas anunciado por el Gobierno cubano. Varios participantes sostuvieron que las medidas no representan una solución a los problemas estructurales de la nación y las calificaron como insuficientes para responder a las demandas de libertad política y respeto a los derechos fundamentales.

Entre las voces más destacadas estuvo la activista Carolina Barrero, fundadora de la plataforma Ciudadanía y Libertad, quien cuestionó la efectividad de las transformaciones promovidas por las autoridades cubanas. Según argumentó, las modificaciones económicas no abordan las causas profundas de la crisis nacional, relacionadas con la falta de libertades civiles y políticas.

Barrero advirtió además sobre lo que considera un intento de proyectar una imagen de apertura sin modificar las estructuras de poder existentes. En su intervención, pidió a los gobiernos democráticos de la región mantener la atención sobre la situación cubana y respaldar iniciativas orientadas a una transición política en la isla.

La activista también vinculó la estabilidad democrática regional con la evolución de la situación en Cuba, defendiendo la necesidad de una mayor cooperación internacional para promover cambios que permitan ampliar los espacios de participación ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales.

Por su parte, el líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), instó a los países miembros de la OEA a asumir una postura más firme frente al Gobierno cubano y a reforzar las acciones diplomáticas destinadas a presionar por mejoras en materia de derechos humanos.

Ferrer sostuvo que la comunidad internacional no debe permanecer indiferente ante las dificultades que enfrenta la población cubana y pidió que las demandas de libertad y democracia reciban un respaldo más decidido por parte de los gobiernos de la región.

Asimismo, consideró que las medidas adoptadas por algunos países para condenar la represión política en Cuba podrían servir de referencia para una respuesta más coordinada a nivel hemisférico. Según expresó, el objetivo debe ser promover condiciones que favorezcan reformas democráticas y el respeto a las libertades fundamentales.

Durante los encuentros también se planteó la necesidad de reclamar la liberación de los presos políticos en Cuba, así como en otros países de la región señalados por organizaciones internacionales por restricciones a los derechos civiles, entre ellos Venezuela y Nicaragua.

La participación de representantes cubanos en los espacios paralelos de la Asamblea General de la OEA volvió a evidenciar el interés de diversos sectores de la sociedad civil por mantener la situación de la isla dentro de la agenda regional. Mientras las autoridades cubanas defienden las recientes reformas económicas como una vía para enfrentar la crisis, grupos opositores sostienen que cualquier transformación será insuficiente mientras no vaya acompañada de cambios políticos y garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales.

El debate sobre el futuro de Cuba y el papel de la comunidad internacional en ese proceso volvió así a ocupar un lugar relevante en uno de los principales foros políticos del continente.

Fuentes: Cubanet

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