El Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus) informó recientemente sobre los requisitos y procedimientos para obtener la certificación de antecedentes penales, un documento clave para los cubanos que buscan realizar trámites migratorios, laborales o académicos en el extranjero.

Según la entidad oficial, este certificado acredita si una persona posee o no sanciones registradas en el país y tiene una validez de un año desde su emisión. Sin embargo, en la práctica, muchos países exigen que el documento haya sido expedido en un período no mayor a seis meses, lo que obliga a los solicitantes a gestionar el trámite en plazos más cortos.

Para que tenga validez fuera de Cuba, el documento debe ser emitido y legalizado a través de instituciones autorizadas, como la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), que añade la certificación de uso en el exterior antes de su validación final por el Minjus.

El proceso, lejos de ser ágil, implica varios pasos burocráticos y costos que resultan elevados en el contexto económico actual de la isla. Para residentes en Cuba, la obtención del documento cuesta 1.250 pesos cubanos, más 375 pesos adicionales por la legalización, sin incluir otros sellos obligatorios. En el caso de cubanos residentes en el exterior o extranjeros, las tarifas ascienden a 52 dólares por la certificación y 16 dólares por su legalización.

El Ministerio también señaló que los pagos pueden realizarse de forma electrónica, aunque en el caso de Estados Unidos se exige el uso de sellos físicos, lo que añade otra complicación al proceso. Curiosamente, para este destino no siempre es necesaria la legalización posterior del documento.

Otro elemento relevante es que las personas con antecedentes penales deben asegurarse de que estos hayan sido cancelados antes de iniciar el trámite, o podrían enfrentar demoras o incluso la imposibilidad de obtener la certificación.

Aunque el Gobierno presenta esta información como parte de una política de orientación al ciudadano, la realidad es que estos procedimientos forman parte de un entramado burocrático que, en muchos casos, dificulta la salida del país o la inserción de los cubanos en el exterior.

El acceso a documentos legales, que en otros países suele ser un trámite sencillo, continúa siendo en Cuba un proceso complejo, costoso y centralizado. En medio de una creciente ola migratoria, estos requisitos se convierten en un obstáculo adicional para quienes intentan abrirse camino fuera de la isla.

El anuncio del Minjus incluye además la promesa de ofrecer próximamente detalles sobre la cancelación de antecedentes penales, un proceso igualmente relevante y que, según denuncias frecuentes, puede extenderse por largos períodos sin garantías claras.

Fuente: Agencia Cubana de Noticias

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