El dictador venezolano, Nicolás Maduro, volvió a generar polémica tras asegurar ante un tribunal federal de Nueva York que no dispone de recursos para costear su defensa en un caso por narcotráfico, mientras solicita que sea el propio Estado venezolano quien asuma los gastos legales.

A través de un documento presentado por su abogado, Barry Pollack, Maduro y su esposa, Cilia Flores, afirmaron bajo juramento que no pueden pagar a sus representantes legales. Ambos incluso se mostraron dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo requiere.

La defensa sostiene que el Gobierno venezolano tiene derecho a cubrir esos honorarios, pero las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo impiden. Según el equipo legal, esta restricción vulnera derechos constitucionales de sus clientes, en particular la Quinta y la Sexta Enmienda de Estados Unidos, relacionadas con el debido proceso y la elección de defensa.

El caso está en manos del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien deberá decidir si permite algún tipo de flexibilización de las sanciones para facilitar el pago de los abogados o si, por el contrario, mantiene las restricciones vigentes.

Las sanciones contra el régimen venezolano han sido una herramienta clave de presión desde 2015, intensificadas durante la administración de Donald Trump, que además no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

El argumento central de la defensa plantea que impedir el uso de fondos venezolanos para pagar abogados limita el derecho de Maduro a elegir su representación legal. Sin embargo, esta postura ha sido ampliamente cuestionada.

Por un lado, se subraya que la legislación estadounidense garantiza el derecho a la defensa, pero no necesariamente a costear abogados privados con fondos bloqueados por sanciones. En ese sentido, el tribunal podría asignar un abogado de oficio sin que ello implique una violación constitucional.

Por otro, también se cuestiona la supuesta insolvencia de Maduro y su entorno. Diversas denuncias han señalado durante años la existencia de una enorme fortuna acumulada por figuras del régimen, lo que contrasta con la alegación de incapacidad para pagar su defensa.

Además, expertos legales apuntan que la defensa omite referencias clave, como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que otorga amplias facultades al Ejecutivo estadounidense para restringir transacciones financieras con gobiernos extranjeros por motivos de seguridad nacional.

Mientras tanto, la postura de Washington se mantiene firme: no se autorizará el uso de fondos del Estado venezolano para financiar la defensa de un acusado en un caso penal. La administración estadounidense considera que flexibilizar estas sanciones sentaría un precedente problemático.

(Con información de Infobae)

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