En un acto que genera indignación global, las autoridades de Irán ejecutaron públicamente este 19 de marzo de 2026 a Saleh Mohammadi, un prometedor campeón de lucha de 19 años, en medio de una oleada de represión contra manifestantes y disidentes.

Grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros denunciaron que su proceso judicial estuvo marcado por torturas, confesiones forzadas y falta de garantías básicas, convirtiendo su muerte en un símbolo de la creciente brutalidad del régimen de Teherán.

Este jueves 19 de marzo de 2026, el joven atleta iraní Saleh Mohammadi, figura destacada de la lucha libre y exmiembro de la selección juvenil de Irán, fue ejecutado en público tras ser condenado por el presunto asesinato de un agente de policía durante las protestas antigubernamentales de enero.

La ejecución, reportada desde la ciudad de Qom, se produjo junto a otras dos de hombres identificados como Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, también acusados de participación en disturbios relacionados con las manifestaciones.

Organizaciones de derechos humanos internacionales, incluida Iran Human Rights, denunciaron la ejecución calificándola como parte de una estrategia represiva más amplia del régimen para intimidar a la población y silenciar la disidencia. Activistas han señalado que Mohammadi fue detenido el 15 de enero de 2026, poco después de las protestas, y que su confesión —base para la sentencia de muerte— habría sido obtenida bajo tortura, un patrón identificado en múltiples casos similares.

El caso de Mohammadi resuena con otros ejemplos documentados de ejecuciones relacionadas con protestas en Irán, en los que las garantías procesales fueron gravemente vulneradas y se usaron cargos amplios como moharebeh (“enmity against God”) para imponer la pena capital en un contexto de represión interna.

La ejecución ha desatado reacciones duras más allá de las fronteras iraníes. Políticos internacionales, figuras de derechos humanos y activistas del deporte han condenado la medida. En Estados Unidos, políticos como la representante María Elvira Salazar han expresado su rechazo en redes sociales, alertando sobre la “campaña brutal” del régimen iraní contra sus propios ciudadanos.

Asimismo, la comunidad internacional ha puesto el foco en el uso de la pena de muerte como herramienta de control político en Irán, un país donde las ejecuciones y condenas capitales han sido objeto de amplias críticas de organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por la falta de debido proceso y la severidad de las penas aplicadas, incluidas a participantes en protestas sociales.

En Irán, el contexto de este suceso se enmarca en una creciente ola de descontento social que comenzó con protestas masivas en 2022 y ha continuado con movilizaciones contra la represión política, la crisis económica y la falta de libertades fundamentales. La ejecución pública de Mohammadi se interpreta como un intento de las autoridades por reforzar el control estatal frente a una oposición interna vigorosa.

Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de mensajes de solidaridad con Mohammadi, transformando su muerte en un símbolo de resistencia para muchos iraníes y defensores de derechos humanos alrededor del mundo.

Fuentes: Reportes de New York, Informe de Amnistía Internacional, Periodico cubano

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