La industria agrícola de Estados Unidos enfrenta un desafío crítico en medio de las propuestas migratorias de deportaciones masivas promovidas por el expresidente Donald Trump. Organizaciones agrícolas y líderes de la industria han expresado preocupación por el impacto que estas políticas podrían tener en una cadena de suministro alimentario que depende, en gran parte, de trabajadores inmigrantes, muchos de los cuales no tienen estatus legal.

De acuerdo con los departamentos de Trabajo y Agricultura, cerca del 50% de los dos millones de trabajadores agrícolas del país carecen de documentación legal, incluyendo empleados en los sectores lácteo y de procesamiento de carne. Estas cifras ilustran la profunda dependencia del sector agrícola en la mano de obra inmigrante.

David Ortega, economista de la Universidad Estatal de Michigan, advierte que una deportación masiva podría causar un impacto devastador en el suministro de alimentos, elevando los precios para los consumidores y generando caos en la industria. Según Ortega, los inmigrantes desempeñan roles esenciales que los trabajadores nacidos en Estados Unidos no están dispuestos a ocupar.

Aunque la administración Trump afirmó que priorizaría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, también dejó claro que no habría exenciones específicas para sectores como el agrícola. Tom Homan, designado como "zar de la frontera", indicó que la ley se aplicaría sin excepciones, pero no especificó si se dirigirían acciones directamente contra las granjas.

John Duarte, congresista republicano y agricultor del Valle Central de California, enfatizó la dependencia de las granjas en los trabajadores inmigrantes y pidió a la administración que considere opciones para regularizar el estatus de quienes llevan más de cinco años en el país sin antecedentes penales.

El programa de visas H-2A, diseñado para suplir la falta de trabajadores estadounidenses mediante la contratación de temporeros extranjeros, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del sector. Aunque en 2023 se certificaron 378,000 puestos bajo este programa, representa solo el 20% de la fuerza laboral agrícola total. Además, los altos costos asociados al cumplimiento de requisitos de salario y alojamiento limitan la participación de los agricultores en este esquema.

John Hollay, representante de la Asociación Internacional de Productos Frescos, señaló que el sector necesita programas laborales más accesibles para garantizar la continuidad del suministro alimentario. Sin embargo, décadas de intentos por aprobar una reforma migratoria han fracasado debido a la falta de consenso político.

El temor a redadas y deportaciones genera un impacto psicológico profundo entre los trabajadores agrícolas, quienes enfrentan estrés crónico debido a la incertidumbre. Mary Jo Dudley, del Programa de Trabajadores Agrícolas de Cornell, subrayó la importancia de educar a los empleados sobre sus derechos ante posibles encuentros con funcionarios de inmigración.

Por otro lado, organizaciones como Familias Unidas por la Justicia destacan que este clima de ansiedad también ha llevado a una mayor organización entre los trabajadores. Edgar Franks, ex trabajador agrícola y líder sindical, afirmó que la unidad es clave para enfrentar estas amenazas.

La industria agrícola continúa buscando soluciones que permitan a los trabajadores inmigrantes operar sin temor y garantizar la estabilidad del sector. Aunque las redadas en plantas de procesamiento de alimentos han sido limitadas, el riesgo persiste, lo que mantiene la presión sobre las autoridades para equilibrar las necesidades económicas con las promesas de una estricta política migratoria.

La incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores inmigrantes en el sector agrícola subraya la necesidad de un diálogo inclusivo y reformas migratorias que beneficien tanto a las empresas como a las familias que dependen de esta labor esencial.

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