El gobierno panameño anunció que impulsará mecanismos internacionales para intentar que siete de sus ciudadanos, actualmente encarcelados en Cuba, puedan ser juzgados o cumplir una eventual condena en Panamá. Los detenidos enfrentan acusaciones relacionadas con presuntas acciones contra el sistema político cubano, mientras sus familiares rechazan la versión oficial y aseguran que realizaban labores humanitarias.

El gobierno de Panamá informó que realizará nuevas gestiones diplomáticas y legales para intentar que siete de sus ciudadanos detenidos en Cuba puedan enfrentar cualquier proceso judicial o eventual condena en territorio panameño. La medida fue anunciada por el canciller Javier Martínez-Acha, quien explicó que su país busca proteger los derechos de los implicados y garantizar que reciban un tratamiento acorde con los mecanismos internacionales vigentes.

Los ciudadanos panameños fueron arrestados el pasado 28 de febrero en La Habana durante un operativo realizado por las autoridades cubanas. Según la versión oficial, los detenidos habrían participado en actividades consideradas propaganda contra el orden constitucional, incluyendo la colocación de carteles y la realización de pintadas críticas hacia el sistema político de la Isla.

De acuerdo con la legislación cubana, los acusados podrían enfrentar sanciones de entre ocho y diez años de prisión si son hallados culpables. No obstante, Panamá insiste en explorar alternativas que permitan trasladar el proceso o, al menos, ejecutar una posible sentencia dentro de su jurisdicción nacional.

Tres mujeres que formaban parte del grupo inicialmente arrestado recuperaron su libertad en abril tras conversaciones entre representantes de ambos gobiernos. Sin embargo, los siete hombres restantes continúan bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y procedimientos judiciales correspondientes.

Las autoridades panameñas han mantenido contactos con funcionarios cubanos y han realizado visitas consulares para verificar las condiciones de los detenidos. Además, han solicitado garantías relacionadas con el debido proceso, el acceso a representación legal y el respeto a la presunción de inocencia.

Por otra parte, los familiares de los encarcelados rechazan las acusaciones formuladas por La Habana. Según su versión, los ciudadanos viajaron a Cuba con fines humanitarios y participaban en actividades de ayuda a personas necesitadas. Incluso, aseguran que existen materiales audiovisuales que respaldan esta afirmación.

El caso genera preocupación en distintos sectores de la sociedad panameña y motiva protestas frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de Panamá. Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, cualquier posibilidad de traslado o cumplimiento de una eventual condena en Panamá dependerá de la aprobación de las autoridades cubanas, que hasta el momento no se han pronunciado favorablemente sobre esa opción.

Fuente: SWI

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