Mireddys González Castellanos, exesposa del artista puertorriqueño Daddy Yankee, presentó este lunes una nueva demanda civil contra el cantante en el Tribunal Federal de San Juan, en la que reclama la devolución de 50 millones de dólares que, según alega, fueron retirados de sus cuentas bancarias sin autorización legal.

En la querella, González Castellanos señala directamente a Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre legal del intérprete, y sostiene que la reversión de los fondos se ejecutó sin cumplir los requisitos legales ni las normas que rigen las transferencias electrónicas de dinero. El documento judicial, que consta de 118 páginas, detalla que no existió una reclamación formal de error por parte de la demandante ni instrucciones escritas de un firmante autorizado que justificaran la operación.

La demanda afirma además que las entidades bancarias involucradas habrían actuado basándose en una queja verbal del propio Ayala, quien —según la acusación— no tenía autoridad sobre las cuentas en cuestión. A raíz de ello, se habrían impuesto restricciones unilaterales al acceso de González Castellanos a sus fondos, sin una orden judicial previa.

Entre los señalamientos más graves del recurso legal, la exesposa del cantante sostiene que Daddy Yankee “se benefició y actuó en concierto con personal bancario” para interferir con sus derechos de propiedad. También alega la violación de una orden de interdicto emitida por un tribunal estatal el 20 de diciembre de 2024, así como la malversación de activos corporativos y la difusión de versiones que calificaban el retiro del dinero como un “error”.

El documento judicial añade que Ayala habría disuelto unilateralmente la empresa El Cartel Records, Inc., sin la aprobación de los accionistas, lo que —según la demanda— constituiría una violación de la legislación corporativa y de las obligaciones fiduciarias aplicables a corporaciones de capital cerrado.

Hasta el momento, Daddy Yankee no ha emitido declaraciones públicas sobre esta nueva acción legal. El caso se suma a una serie de disputas judiciales entre ambas partes tras su separación, y abre un nuevo capítulo en un conflicto que ahora se traslada al ámbito federal.

El tribunal deberá determinar en las próximas etapas si las alegaciones presentadas cumplen con los elementos necesarios para proceder y si existen responsabilidades civiles derivadas de los hechos denunciados.

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