Una emigrada cubana ha sido condenada a un año de privación de libertad por incumplir las medidas sanitarias fijadas por el gobierno en Cuba contra la COVID-19.

La confirmación de este hecho la dieron los propios portales informativos estatales cubanos, en tanto advirtieron que “se mantendrá la imposición de la ley para quienes no actúen de manera consecuente con lo establecido”.

Un reporte del oficialista Canal Caribe hizo referencia al modo en que se llevan a cabo estas medidas legales en la occidental provincia Matanzas.

Asimismo, añade que en Cárdenas se procesaron a unas 100 por el delito de propagación de epidemias, todas relacionadas con la celebración de actividades festivas, el no uso de la mascarilla facial y aglomeración de personas en espacios públicos.

Por otro lado, la nota detalla que más del 70 por ciento de los juzgados se sometieron a penas de privación de libertad, mientras que otros solo han recibido penas subsidiarias —conocidas como sanciones “de la casa al trabajo”.

Se trata de medidas aplicadas con fuerza por el gobierno cubano en el afán de contener el nuevo rebrote que ha complicado el panorama epidemiológico de toda la nación caribeña.

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